Datos de extorsión en Colombia “son chimbos”: directora de Ideas para la Paz

Durante el encuentro “Desafíos en el territorio para los nuevos mandatarios”, la directoria de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) lanzo fuertes declaraciones respecto a las cifras judiciales en Colombia.

En su intervención, María Victoria Llorente aseguró que datos relacionados con delitos como la extorsión “son chimbos”, por falta de articulación entre las organizaciones sociales y los órganos judiciales.

La problemática, explicó, se hace extensiva a distintos asuntos, incluidas las cifras de violaciones a derechos humanos por parte de grupos alzados en armas.

“Tenemos un desorden. Hay diferentes mediciones (...) y maneras de como estamos reportando esto”, aseguró.

Esta puede ser una de las razones por las que es difícil encontrar coherencia entre las cifras que reportan distintas entidades.

Cifras que no concuerdan

La directora Llorente explicó algunos de los asuntos sobre los cuales no hay coherencia en las cifras de las organizaciones y las que reportan las instituciones estatales.

“Tenemos un problema grave con el dato de homicidio en Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal, por primera vez en mucho tiempo, está reportando muchas más muertes por homicidio que la Policía Nacional”, aseguró.

Según cifras de Medicina Legal, al mes de octubre se presentaron en Colombia 11.479 homicidios, 522 más que en el mismo período de 2022.

Mientras tanto, la Policía Nacional reportó 9.259 homicidios, según información disponible en su registro digital de delitos.

La directora de la FIP añadió que a la diferencia numérica se suma la incoherencia en la tendencia de las cifras.

“La Policía Nacional reporta que está cayendo el homicidio en Colombia en niveles muy mínimos, mientras que el Instituto de Medicina Legal reporta un aumento del 3% en los homicidios, a octubre de este año”, dijo.

El desplazamiento es otro problema con inconsistencias. “La UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) reporta descenso en el desplazamiento forzado, que venía creciendo de manera muy importante en el país”, dijo.

“Pero discrepan mucho de lo que reporta OCHA (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios): un decrecimiento del 19% y la UARIV uno de casi el 50%”, agregó.

La situación, desde su postura, es aún más grave en cuanto a delitos que son complejos de monitorear, por las distintas formas en las que se caracterizan.

“Hay cosas que son muy difíciles de medir, como las extorsiones. Los datos de extorsión son chimbos”, aseveró.

Algo similar ocurre con las amenazas. “Tenemos una cifra de la Policía, que son las denuncias que hacen las personas. Pero nosotros estamos encontrando que se incrementan”, expresó.

Añadió que los líderes “se sienten más amenazados. No que las condiciones de seguridad en sus territorios hayan mejorado, tampoco que hayan desmejorado desproporcionadamente. Pero sienten en riesgo su vida”.

En ese sentido, el desafío que enfrentan las organizaciones es encontrar un método de comprensión y medición que permita que haya coherencia entre las cifras que llegan desde distintas orillas.

La guerra y la paz en números

Uno de los proyectos más relevantes del país en la actualidad es el logro de la paz negociada con los distintos actores armados.

La llamada Paz Total propuesta por el Gobierno Nacional ha tenido distintos altibajos en medio de su consolidación.

Uno de los más recientes fue la salida de Danilo Rueda, ex Alto Comisionado para la Paz, y la llegada de Otty Patiño en su reemplazo.

Esto llevó también a que se hicieran cambios en la conformación de la mesa de negociación entre el Gobierno y el ELN.

La exsenadora y exmilitante del M-19 Vera Grabe, es la nueva jefe de la delegación estatal.

La directora de la FIP explicó que estos cambios tiene influencia sobre las dinámicas de la guerra y la paz en los territorios y, por ende, sobre las cifras de actos violentos.

“Uno puede decir que quizás el foco del excomisionado de paz en la Paz Total, que era la reducción de afectaciones humanitarias, muestra su efecto”, comentó.

En contraste, añadió, “no hay ningún efecto respecto a la gobernanza de los grupos a nivel territorial, que es el foco del actual comisionado de paz. ¿Cómo medimos eso?”.

Aunque explicó que la medición realizada desde la FIP “puede ser medio chimba, porque lo hacemos con las uñas”, en los números se evidencia que la situación en muchas regiones no deja de ser compleja.

“En el último año, creció en un 50% el dato nuestro que tiene que ver con presencia y disputas de grupos armados en territorios. Venían creciendo el año pasado en un 70%, pero sigue habiendo un montón de disputas”.

En parte, según Llorente, el comportamiento de las cifras varía conforme al “repertorio de violencia de los grupos” y “el momento de presencia territorial en el que estén”.

Esto significa que para las organizaciones alzadas en armas que se encuentran en disputa territorial con similares, es común la incidencia de situaciones como desplazamientos y masacres.

“Si están ya en un momento de consolidación territorial, que tenemos muchas zonas, probablemente hay más homicidios selectivos”, agregó.

Las dinámicas de cada momento en la presencia de grupos armado, resaltó la directora, tiene un efecto directo sobre los derechos humanos y las cifras de las dinámicas de la seguridad, la guerra y la paz.

Al final, para comprender realmente las medidas en las que se presentan distintos delitos en el país, lo necesario es coordinar métodos para llegar a cifras coherentes de organizaciones independientes y del Estado.

“Hay una enorme descoordinación, sobre todo con el sector justicia”, para monitorear y reportar las cifras, concluyó.