Placas en obras con el nombre del alcalde de Manizales genera polémica

Manizales

Hay inconformismo en Manizales porque a través de un contrato cercano a los $500 millones de pesos, se están instalando en diferentes puntos de la ciudad vallas publicitarias sobre la gestión de la administración municipal, al igual que se están entregando volantes y hasta instalando placas para dar a conocer las obras que realizaron durante los 4 años.

A través de varios contratos que salieron de los rubros de diferentes secretarías de la Alcaldía de Manizales en lo que denominan una bolsa común de recursos, se contrató la realización de más de 20 vallas publicitarias para dar a conocer las obras que se adelantan y que inició la administración municipal, este contrato tendría un monto cercano a los $500 millones de pesos y consta de impresión de este material publicitario que ya se evidencia en varias de las obras que están en curso con comparativos del antes y del ahora, caso puntual de la que se encuentra en el intercambiador vial de Los Cámbulos, obra que se adelanta con recursos de la nación a través de INVÍAS y para la cual la Alcaldía gestionó la parte predial del proyecto.

Pero lo que más ha llamado la atención es la instalación de varias placas donde a nombre del alcalde Carlos Mario Marín Correa, se hace entrega de escenarios deportivos como el Velódromo de la Universidad de Caldas, el cual fue realizado con recursos de varias entidades entre ellas la Gobernación, la Universidad y Susuerte, al igual que en el parque Faneón y otros más.

Al respecto el ex concejal de oposición y ciudadano Cristian Pérez se refirió al respecto.

“La fijación de placas por parte del alcalde de Manizales en diferentes escenarios y obras que han tenido retrasos monumentales y sobre costos que hemos denunciado en diferentes escenarios políticos y ciudadanos, no solamente violenta un decreto de carácter nacional que prohíbe realizar este tipo de manifestaciones sino que adicionalmente no corresponden con el sentido común y las analógica es absurdo que en una administración donde las obras en caracterizado por sus retrasos permanentes por su sobrecostos o por el absurdo y el ridículo nacional que estamos pasando con la no entrega de manera oportuna de los escenarios de Juegos Nacionales, el alcalde de la ciudad en un intento desesperado por levantar su decaída imagen, intenta fijar este tipo de placas supuestamente para mostrar los resultados de su gestión, el alcalde Carlos Mario en definitiva no aprendió durante estos cuatro años de gobierno que definitivamente él tenía que planear las obras con tiempo y ejecutarlas para no tienes que recurrir a este tipo de artificios que van en contra de la norma, lamentable esta situación, el alcalde de la ciudad debe retirar cuanto antes estas placas o de lo contrario, la Procuraduría debe Investigar”, dijo el ex concejal.

Entre las denuncias recibidas también se habla del poco caso que se hace a la ley de austeridad del gasto que no se tuvo en cuenta para pagar la impresión a todo color de volantes que están llegando a cada hogar y para lo cual se contrató a varias personas con sueldos cercanos a los 3 millones de pesos para que hagan pedagogía puerta a puerta sobre las obras y acciones de esta administración.

Estamos atentos a la respuesta de la Administración Municipal frente a estas inquietudes que nos hacen llegar los oyentes, al respecto y mientras esperamos un vocero oficial de la Alcaldía nos informa la jefe de prensa de esta entidad que “las placas no se están pagando con recursos de la Alcaldía”.

En las obras realizadas o remodeladas en la actual administración se han observado placas con la siguiente información “El alcalde Manizales, Carlos Mario Marín, entrega a la comunidad” y ponen el nombre del escenario entregado. Ante esto consultamos sobre la legalidad de esta acción y el abogado Alejandro Franco, “establece la normatividad y concretamente el decreto 2759 del 97 que es una norma que aún se encuentra vigente y que regula y que reglamenta y modifica decretos anteriores en relación con la posibilidad de tener esos elementos conmemorativos, el nombre de personas vivas, sí, esto pues obviamente también tiene que analizarse a la luz de un derecho colectivo que es el derecho a la moralidad administrativa y en efecto el decreto en principio permite que se puedan tener la mención de personas en elementos conmemorativos o reconocimientos pero con dos excepciones y con dos reglas que deben cumplirse una que esa instalación del elemento conmemorativo donde se haga mención a la persona viva surja de una petición de la comunidad, entonces debe estar acreditado efectivamente que la comunidad puede ser comunidad beneficiaria del proyecto o una junta de acción comunal o un colectivo como tal haya solicitado expresamente a la administración y a quien corresponda, pues que se haga mención en esa placa o en ese elemento conmemorativo de una persona o de un ciudadano vivo y el segundo requisito que establece la norma es que la persona a exaltar en ese elemento conmemorativo a exaltar es decir a mencionar haya prestado servicios a la nación que ameriten esa designación o que ameriten esa esa esa identificación en el elemento conmemorativo, incluso esto ha tenido un desarrollo jurisprudencial a través de la evolución de un concepto que es el de la moralidad administrativa ya que los bienes de uso público obviamente la gente o los ciudadanos puedan disfrutarlos sin alguna entorpecimiento no solamente visual sino también, pues sin que se haga mención a las personas o funcionarios que contribuyen a la realización del mismo pues que en ningún caso están haciendo aportes particulares sino que correspondió pues obviamente a la ejecución del gasto público a la ejecución de un programa de un proyecto del Plan de Desarrollo”.

El experto en derecho administrativo explicó que la administración y el alcalde están infringiendo el decreto 2757 de 1997 donde es claro es prohibir lo siguiente:

“Prohíbase la colocación de placas o leyendas monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso”.

El jurista solicita a los entes de control realizar las investigaciones y posterior desmonte de dichas placas que atentan contra el principio constitucional de moralidad pública.