Imputación de cargos a exfuncionarios de Alcaldía Quintero es por 67.000 millones: Fiscal

En Caracol Radio estuvo el fiscal Francisco Barbosa dando detalles sobre los contratistas de la Alcaldía de Daniel Quintero que serán imputados por presunta corrupción en contratación. Al respecto, mencionó que la suma que alcanzarían estos contratos llega a los 67.000 millones.

De esta forma, el fiscal aclaró que la entidad llevaba varios meses tras la pista de los contratos que ocurrieron dentro de la Alcaldía de Medellín. “Nosotros el día de ayer le presentamos al país unos resultados que creo que son importantes, porque son unas investigaciones que venían de mucho tiempo atrás. Es decir, se habían presentado una cantidad de denuncias en la ciudad de Medellín sobre posibles actos de corrupción. Se había designado un grupo especial de la Fiscalía desde Bogotá y desde Medellín para empezar a trabajar estas denuncias”.

En este sentido, el funcionario aclaró que se encontró que hay seis contratos que superan en valor los 67.000 millones de pesos. “Estos resultados de investigación se lograron como parte del trabajo que se vino haciendo en corrupción en diferentes lugares del país. Ayer (9 de noviembre) concretamos ya una primera fase, que es muy importante, donde se imputaron o se van a imputar a siete funcionarios de la Alcaldía de Medellín y seis particulares por irregularidades en contratación”.

El fiscal indicó que los contratos tienen que ver con cuatro temas puntuales, zonas verdes; parque de aguas; apoyo logístico; y buen comienzo

Zonas verdes

En relación con zonas verdes, Barbosa mencionó que los hechos habrían ocurrido en octubre del 2020. “Uno es zonas verdes. Todos estos son los primeros análisis que se hicieron en la pandemia, en donde la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín suscribió contrato con Metroparques por 5.250 millones de pesos para el manejo de zonas verdes en la ciudad”.

Además, comentó que en ese caso se va a imputar a la secretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, al exgerente de Metroparques y a una contratista. “Todos estos contratos son temas de alimentación de niños, de infraestructura, de asistencia logística. En este lo que ocurrió fue que se convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar. O sea, se convocan, se llevan tres empresas de un mismo núcleo, familiar y se escoge una a dedo.”

Parque de aguas

En el caso del parque de aguas mencionó que los hechos de corrupción se habrían presentado en 2021. “Este es importante porque son también contratos que se presentan entre el área metropolitana del Valle de Aburra y Metroparques. Se dio para mantener la entrada en operación del Parque Metropolitano las Aguas, que es muy importante en esta zona del país”

El fiscal mencionó que se presentaron ”contratos de 17.439 millones de pesos y se estableció que subcontrataron para realizar este contrato a tres empresas creadas entre el 2019 y el 2021. Una de ellas dedicada a la comercialización de telas.”

En este se va a imputar o se imputará por delitos de contratos como lo son incumplimiento de requisitos legales e intereses indebidos de celebración de contratos al representante del área metropolitana de Medellín, a dos gerentes de Metroparques y representantes legales de esas empresas contratistas.

Apoyo logístico:

Frente a este caso, el funcionario de la Fiscalía indicó que en este caso Metroparque suscribió un contrato para garantizar el apoyo logístico de la realización de eventos recreativos, deportivos, y actividad física en Medellín. “Este es por 24.000 millones de pesos. Ahí se imputará a la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Paola Toro Zuleta, al gerente de Metroparques y el representante legal de otra empresa”

Buen comienzo

Finalmente, la investigación demostró hechos cuestionables en el caso de Buen Comienzo, que es un proceso de contratación para la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes.

“Ya se había imputado por sobrecostos en paquetes alimentarios de dos contratos. Esta vez se agregó a esa imputación cuando se detectaron a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado los servicios sin haberlo hecho”, indicó.

Según el fiscal, esto generó un posible detrimento de 1,400 millones de pesos. Sobre este hecho se imputaría a la exsecretaria de Educación por peculado por apropiación, ya se había hecho por otros cargos en este asunto. “Incluso, la Contraloría General había sacado un informe que no cobija estas imputaciones nuevas, porque son hechos nuevos y seguramente tienen un componente adicional”