A prisión fue enviada joven que golpeaba a su excompañero sentimental en Ibagué
Una de las agresiones ocurrió en un establecimiento comercial en el centro de la ciudad.
Ibagué
Una fiscal de la unidad de delitos contra la violencia intrafamiliar en el Tolima, logró que un juez privara de la libertad en centro carcelario a Juanita Marcela Gaitán Quezada, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar de la que vendría siendo víctima su expareja.
La mujer de 28 años de edad con la que el afectado convivió por 8 meses, fue detenida por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de Policía de Vigilancia y el Ejército Nacional en el Centro de la capital tolimense.
Son varios hechos los que tiene documentados el ente acusador, que dan cuenta de la violencia sistemática de la que vendría siendo víctima el hombre de 35 años de edad por parte de la acusada quien lo asediaba constantemente, acudiendo a los lugares que él frecuentaba, al igual que a su residencia y trabajo donde lo agredía verbal y físicamente con objetos contundentes ocasionando daños en el establecimiento, con el fin de ocasionarle problemas a la víctima con sus empleadores.
Las agresiones por las cuales se le trasladó escrito de acusación se presentarían entre julio de 2021 a agosto de 2023.
Entre los episodios de violencia se tiene documentado uno ocurrido el 1 de agosto de este año en un local comercial en la calle 10 entre carreras tercera y cuarta de Ibagué, donde el afectado laboraba y la procesada llegó en un taxi y le pidió dinero para pagar la carrera. Ante la negativa del hombre, ella lo insultaría utilizando palabras soeces; acto seguido tomó un palo de escoba y le propinó varios golpes en el brazo derecho haciendo que el mismo se partiera en dos.
Luego, lo golpearía con un puño en la nariz y le arrojaría una cerveza en lata que sostenía en la mano, dañando las prendas de vestir que tenía para la venta la víctima. Luego de las agresiones huyó.
Según informe de Medicina Legal, a la víctima se le dictaminó una incapacidad médico legal de 20 días definitivos con secuelas como deformidad física que le afecta el rostro de forma permanente.
Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía de mantener a la mujer privada de la libertad al representar un permanente riesgo para la víctima.