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Juez ordenó cárcel domiciliaria a policías investigados por extorsión, secuestro y hurto

Son seis uniformados señalados de estos y otros delitos cometidos en el Urabá antioqueño, por lo que la fiscalía apeló esta decisión.

(Foto vía COLPRENSA) de referencia

(Foto vía COLPRENSA) de referencia / Camila Díaz

Antioquia

Luego de la captura de seis policías en el Urabá antioqueño señalados de cometer delitos como secuestro, hurto y extorsión, entre otros, fueron presentados ante un juez que luego de valorar las pruebas presentadas por la fiscalía el togado les ordenó detención en sus lugares de domicilio, decisión que de inmediato fue apelada por el ente investigador.

Según el reporte de la Fiscalía los uniformados judicializados son el subintendente de la Policía Jackson Córdoba Hinestroza y los patrulleros John Fredy Aguilar Sánchez, Víctor Palacio Mosquera, Luis Sair Hernández Machado, Royer Sebastián Monroy Pulido y Luis Guillermo Garcés Pineda. Estas personas habían presuntamente intimidado a un comerciante y su familia exigiéndole 50 millones de pesos, además, habrían utilizado de manera ilegal vehículos incautados en otros procesos. Los presuntos delitos se cometieron en la población de Mutatá, en el Urabá antioqueño.

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Los hechos ocurrieron la noche del 27 de febrero de este año, cuando varios hombres que portaban pistolas y uniformes de la Policía Nacional, arribaron a la vivienda de un comerciante del municipio de Mutatá, Urabá Antioqueño, y al parecer, le exigieron una alta suma de dinero a cambio de no hacer efectiva una supuesta orden de captura en su contra. Luego de retener al comerciante y a su esposa por dos horas, los presuntos delincuentes habrían recibido un millón de pesos en efectivo y se habrían apropiado de un reloj de la víctima”, recalcó Daniel Parada Bermúdez director de fiscalías Antioquia.

Los delitos imputados por la fiscalía son: doble secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión, hurto calificado y agravado, peculado por uso y concusión, pese a esto, el juez le dio medida carcelaria domiciliaria al considerar que los uniformados no representan un peligro para la investigación y que por han demostrado intención de colaborar, por ello la fiscalía apeló la decisión.

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