Política

Aprobado en último debate proyecto que propone eliminar marcas de Gobierno

El proyecto deberá pasar a conciliación y a sanción presidencial para poder convertirse en ley.

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Por unanimidad, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que busca eliminar las marcas de Gobierno presentado por los representantes del Partido Alianza Verde Carolina Giraldo y Cristián Avendaño.

Los egos personales de los gobernantes deben acabarse y no se pueden seguir usando los recursos públicos para promover ‘súper hombres’ y ‘súper gobernantes’. En un Gobierno que busca austeridad, no podemos seguir incurriendo en gastos innecesarios para crear marcas personalizadas, según el gobierno de turno. Este dinero podría tener un mejor uso”, aseguró la representante Carolina Giraldo.

Esta iniciativa denominada ‘Manual de identidad visual para entidades estatales, prohibición de marcas de gobierno y medidas para la austeridad de la publicidad estatal´, propone que los logos y la publicidad no sean renovados cada cuatro años por los gobiernos de turno pues según explicaron, estos cambios implican de más de 2 billones de pesos anuales para el país.

Lo que busca este proyecto de ley es que los municipios, las entidades territoriales y las instituciones publicas desde el orden nacional al local, adopten un manual de imagen y marca institucional, no del alcalde de turno, del Gobierno de turno o el personero de turno”. Explicó la senadora Angélica Lozano quien fue ponente del proyecto.

Según el proyecto, a los 6 meses de entrar en vigencia esta ley, las entidades estatales deberán ajustar su imagen o identidad visual tal como señala el articulado, a un Manual de Identidad Visual.

Se prohíbe cualquier uso o implementación de una marca de Gobierno. Será incompatible cualquier reforma al Manual de Identidad Visual que contenga símbolos, imágenes o mensajes alusivos a la marcas de Gobierno”.

De acuerdo con esto, en las entidades de orden territorial como tendrá que implementarse como logotipo el escudo o la bandera que corresponda “por su valor histórico y cultural a cada ente territorial, acompañado del nombre de la entidad”.

Además, el proyecto prohíbe el gasto en publicidad de naturaleza estatal que se lleve a cabo con el fin de autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno, esto a través de la promoción de sus cuentas personales en redes sociales o partidos políticos.

Tras su aprobación, el proyecto deberá pasar a conciliación y a sanción presidencial para poder convertirse en ley.

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