Economía

Integrantes de Centros Poblados a pagar $ 67.970 millones

En el proceso se declaró exento de responsabilidad fiscal a Emilio Tapia y la exministra de TIC, Karen Abudinen nunca fue vinculada a la investigación.

Centros Poblados. Foto: Colprensa

Centros Poblados. Foto: Colprensa

La Contraloría determinó imputar responsabilidad fiscal por $ 67.970 millones por las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de Centros Poblados, que buscaba llevar internet a las zonas rurales del país, cuyo anticipo fue de $ 70.000 millones.

El organismo de control fiscal comprobó que se presentó una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, lo que se materializó en el incumplimiento de la meta de instalación de los equipos correspondientes.

“Esta situación impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objeto iba encaminado a instalar 7.277 centros digitales del proyecto en la región B, distribuidas en los 16 departamentos del país, así como, deficiencias en el control y seguimiento adelantado por la interventoría en cumplimiento del contrato 1045 de 2020″, reveló la Contraloría.

Por estos hechos, se determinó imputar responsabilidad en contra de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato en los términos pactados, lo que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado, asociados con el proyecto Centros Digitales cuyo objeto iba encaminado a instalar soluciones de acceso comunitario a Internet gratuito en 16 departamentos pertenecientes al proyecto en la región B.

Adicionalmente, se imputa responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos para la instalación del grupo.

De cuerdo con la Contraloría la exministra, Karen Abudinen nunca fue vinculada al proceso y en lo relacionado con Emilio Tapia fue declarado exento de responsabilidad fiscal.

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