Justicia

La JEP abre el macro-caso 11 sobre violencia sexual, basada en género y reproductiva

Esta investigación se dividirá en tres sub-casos para abordar los casos de las extintas Farc, la Fuerza Pública y los casos en las filas

JEP abre el macro-caso de investigación 11 sobre violencia sexual

JEP abre el macro-caso de investigación 11 sobre violencia sexual

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, decidió abrir el macro-caso de investigación 11 llamado “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”.

Inicialmente se registran 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los actores armados, entre 1957 y 2016. Se investigarán hechos cometidos por miembros de las extintas Farc, de la Fuerza Pública con relación a conductas cometidas contra civiles e intrafilas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que se cumplen criterios objetivos y subjetivos para la apertura del macro-caso 11 por la gravedad de los hechos; la magnitud de la victimización que se vislumbra; los múltiples factores de vulnerabilidad que recaen sobre las víctimas; y la representatividad, que incluye el gran significado simbólico que tiene para un amplio sector de la sociedad la investigación de estas conductas y la posibilidad de que con ello se supere la brecha de impunidad que históricamente ha recaído sobre ellas.

Este macro-caso 11 se dividirá en tres sub-casos para abarcar todos los hechos relacionados con violencia sexual y también se articulará con otras investigaciones que tiene la JEP.

SUB-CASO 1: Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las Farc.

Se investigará los hechos que no se encuentren comprendidos en los patrones que están siendo abordados en otros macro-casos. Se concentra en aquellos que, según los relatos de los informes, parecen tener como motivación principal la discriminación, el prejuicio, el odio y el desprecio, basados en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad o expresión de género de la víctima.

SUB-CASO 2: Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública.

Se identificó que el 44% de los relatos de violencia basada en género y violencia por prejuicio fue perpetrada por agentes del Estado en todo el país, los cuales tuvieron ocurrencia entre 1975 y 2016. Se identificó dos patrones: Patrón 1: que corresponde a Crímenes motivados por la orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa de personas de la población civil, y Patrón 2: Crímenes cometidos ‘por ser mujeres’, por parte de efectivos de la Fuerza Pública, contra niñas y mujeres adultas de la población civil.

SUB-CASO 3: Violencia de género y por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las Farc.

En las filas del Ejército la JEP identificó que los departamentos donde más se registraron relatos fueron: Arauca, Guaviare, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca. Allí se concentraron el 58% de los hechos entre 2004-2016.

Aquí se identificaron factores comunes, incluso casos de soldados reclutas abusados en instalaciones militares y apartamentos de superiores. Todo esto relacionado con las jerarquías y las formas de disciplina militar.

Dentro de la investigación se determinaron factores como: La existencia de órdenes de género dentro de las fuerzas, en los que la masculinidad es un estatus que se posee en las filas y que debe ser mantenido a través de demostraciones de violencia sobre todo contra lo que se considera femenino y subordinado, el ejercicio del poder que, en las jerarquías militares, otorgan los rangos, como principal mecanismo empleado para perpetrar las violencias; y la ausencia prevalente de medidas de corrección o sanción frente a dichas violencias por parte de las instancias internas de cada grupo.

En cuando a los casos en las filas de las Farc se concentraron en departamentos como Meta, Caquetá y Tolima entre los años 1994-2008.

Por la magnitud de esta investigación y los subregistros en los hechos la Jurisdicción Especial para la Paz hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial.

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