Concejales cuestionan estrategia de Quintero para pagar el crédito del BID de EPM

Medellín

Desde el Concejo de Medellín cuestionaron la estrategia que reveló el alcalde Daniel Quintero utilizó para poder pagar el préstamo que EPM tenía con el BID en la que reconoció que le dijo al gobierno nacional que se requerían recursos para la operatividad de la compañía mientras que se guardaban para quedar en paz con esa banca internacional.

Alfredo Ramos, concejal del Centro Democrático aseguró que esas declaraciones evidencian cómo ha gobernado Daniel Quintero.

“Es lamentable que la Alcaldía de Medellín, que es el símbolo de la corrupción de las mentiras, ya tenga la desfachatez de hacerlo públicamente y no pasa absolutamente nada, es una demostración del poder omnímodo que siente Daniel Quintero frente a los órganos de control, Fiscalía ha sido lamentablemente muy lenta, Contraloría, Personería de Medellín no han servido para nada. La Procuraduría es muy poco lo que ha funcionado, mientras que él se siente con la tranquilidad de decir cualquier desfachatez pública porque sabe que la Superintendencia de servicios, la superintendencia financiera. No les va a generar ningún tipo de sanción”, expresó Ramos.

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El presidente de la corporación, Fabio Humberto Rivera consideró que era loable y necesario pagar la deuda, pero que debió decírsele al gobierno nacional para qué eran esos préstamos con la banca internacional.

“EPM estaba en una dificultad enorme porque había una relación muy tensa, muy tensa políticamente en el entorno nacional, pero también una relación muy tensa con el BID. Sin embargo, yo creo que el fin no justifica los medios. EPM es una empresa muy seria y en la Junta Directiva independiente del resultado de la gestión debe actuar siempre con la verdad, nunca con un az bajo la manga”, puntualizó Rivera.

El alcalde Daniel Quintero explicó que esa decisión se tomó porque a su juicio, el gobierno de Iván Duque iba a realizar una toma hostil de EPM, si se incumplía con los compromisos con el BID, que pudieron llevar a la compañía de servicios públicos a que se le declarase en un default, que significa que toda la banca pida que se paguen todos los créditos al tiempo, lo que generaría una quiebra a la empresa pública.