¿Qué significa que la educación sea un derecho fundamental?

En Hora20 un programa especial para hablar de educación, de las reformas que plantea el gobierno al sistema educativo, de los cambios estructurales y de lo central: considerar la educación como un derecho fundamental. Se analizó la socialización que ha tenido la reforma, los cambios que aseguran ingreso y permanencia a la educación superior, las modificaciones en calidad, infraestructura y en el plano rural, así como una mirada a la importancia de la formación para el trabajo en esta nueva reforma.

Varios cambios se propone hacer el gobierno al sistema educativo para ajustar problemas de calidad, equidad en el acceso a la educación, permanencia en el sistema, pertinencia en la formación que se recibe y adaptabilidad. Se estima que hoy en el país el 60% de los estudiantes que terminan grado 11 no logran llegar a la educación posmedia, mientras que la mayoría de las personas que reportan haber tomado un curso de formación para el trabajo no se encuentran trabajando en cargos relacionados o no están ocupados, según datos del Índice de Desarrollo Humano del PNUD.

Ante ese panorama, el actual gobierno se ha concentrado en sacar en principio dos reformas: una a la ley 30 que contempla cambios a la educación superior y el modelo de financiamiento y otra, una ley estatutaria para que la educación pase a ser un servicio público a un derecho fundamental. Esta iniciativa contempla que el Estado asuma responsabilidades como la formulación de política pública para el goce del derecho, cobijará desde el nivel de prejardín hasta la educación superior con unos plazos de cumplimiento que van desde los 5 hasta los 20 años para que se asegure la garantía del derecho en condiciones de equidad.

La iniciativa de 34 artículos tiene 14 principios como equidad, universalidad, igualdad, idoneidad, inclusión, calidad, pertinencia, interculturalidad y protección de pueblos y comunidades como indígenas, afro y palenqueras. El proyecto también se concentra en el tránsito entre la educación media y la superior, el grado 12 para casos en específico, las garantías de acceso y la permanencia en los niveles de técnico profesional, tecnólogo y universitario, además, del desarrollo en todos los niveles de capacidades ciudadanas y socioemocionales a través de la cultura y las artes.

Aurora Vergara, ministra de Educación, explicó que como gobierno tomaron la decisión de crear espacios de construcción de consensos, “para que muchos aspectos que van sobre la marcha de este proyecto se consoliden en los consensos necesarios para que el proyecto pueda lograr resultados”, con lo cual, destaca que se está en el proceso de diálogo de la cuarta versión que tiene como propósito regular generalidades en el derecho fundamental a la educación.

Explicó que con este proyecto se pone a la educación inicial en el centro y se salda una deuda que tiene el país desde 1994 cuando se ordenaba al congreso crear una ley estatutaria para regular la educación como derecho fundamental, “hay avances que han permitido operar en el sistema de educación, es fundamental que ahora se amplíe el alcance del derecho y que tenga algunas disposiciones especiales del proyecto que permiten considera una versión más amplia de educación inicial”.

Sobre la financiación de la reforma, explicó que sí es viable según los cálculos realizados junto con el Ministerio de Hacienda, pues la cartera ya pasó de recibir $54 billones en 2023 a más de $70 para el 2024. También explicó que se seguirá fortaleciendo el Icetex vía reducción de tasas y condonación de deudas con la humanización de procesos en la institución. Por último, dijo que la reforma a la Icetex es uno de los cuatro proyectos del ministerio: ley 30, ley estatutaria y reforma al Sistema General de Participaciones. También destacó que la reforma a la ley 30 estará lista cuando el sector educativo que representa a docentes, rectores y estudiantes logren una reforma concertada.

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Nacional, investigador en DeJusticia y columnista en El Espectador, explicó que el sentido de una ley estatutaria es que se regula la educación como derecho fundamental, “las leyes estatutarias son como leyes de especial jerarquías, están entre la Constitución, las leyes ordinarias y la política pública, es el intermedio entre constitución y la política ordinaria”, detalló que este proyecto lo que hace no es convertir educación en un derecho fundamental porque explica que ya la Corte Constitucional se había pronunciado al respecto como derecho fundamental, “se regula el alcance de derecho a la educación recogiendo la jurisprudencia constitucional sistematizándolo”.

Agregó que hay que evitar sobrevender o minimizar el proyecto, “no soluciona todos los problemas de la educación, para eso se necesitan el PND, las reformas políticas anteriores o reformar la ley 30″.

Adolfo Atehortúa, director del Instituto Pedagógico Nacional y exrector de la Universidad Pedagógica, detalló que proyecto defiende el derecho a la educación inicial, cuando no lo teníamos, “la educación inicial desde los 9 meses a los 4 años ya está en la propuesta” y asegura que con los cambios en la reforma a la ley 30 se está garantizando la posibilidad de un sistema nacional de maestros, “la ley habla de la dignificación la capacitación de los maestros”. Por otro lado, dijo que sobre la Universidad Pedagógica se introduce en el proyecto lo que tiene que ver con la formación de maestros y las normales, pues asegura que las normales están en el limbo, “no son educación ni básica ni superior a pesar de que los maestros ejercen”.

Para Martha Sofía González, rectora de la Universidad de Nariño, la autonomía es derecho, “nos permite establecer normas y definir que la educación es un derecho, tendremos que ampliar cupos, modificar los procesos de ingreso a las universidades y en ese sentido, hay que llegar a un acuerdo nacional”, pues considera que en cierto puntos sí se modifica la autonomía en temas como la admisión, así como en el hecho de que deben incrementar cupos especiales, “hoy no hay por ejemplo, cupos para tercera edad como prioridad y la autonomía hay que entenderla como esa posibilidad de auto reformularlos, autogobernarnos y en ese sentido, es importante que como universidades veamos cómo se hace ese incremento en cobertura financiado vía el Estado, en tema de recursos e irrumpe en la autonomía porque lo que recibimos es para funcionamiento, pago de empleos y trabajadores, “los recursos tienen un límite, todos para ampliar cobertura, eso no puede ser solo temporal, si es cobertura como el derecho de llegar a regiones, eso se debe mantener en el tiempo”.