“No habrá crisis alimentaria en URI y centros transitorios de detención”: MinJustcia
Contratos a cargo de la USPEC se extenderán por tres meses y, se tramitará un proyecto de ley para que, alcaldías y gobernaciones asuman su obligación de responder por la alimentación de los detenidos en URI, estaciones de policía y centros transitorios
El hombre tras las rejas pagando su condena / COLPRENSA
JUDICIAL
Como lo anticipó Caracol Radio, los contratos del servicio de alimentación para los detenidos en estaciones de Policía, URI y centros de detención transitorios de todo el país, se extenderán por tres meses.
Esos contratos que están a cargo de la USPEC vencen el próximo 31 de julio, pero, se extenderán hasta octubre como medida de emergencia para garantizar que los detenidos en esos sitios tengan el servicio de alimentación.
“No hubo tiempo suficiente para que los alcaldes en los presupuestos de este año incluyeran eso (…) mientras llegamos a octubre vamos a tramitar muy rápidamente un proyecto de ley que simplemente nos permita una transición para que las alcaldías asuman esa obligación, pero, a partir del año 2024, con lo cual, tengan la posibilidad de incluir en el presupuesto del año entrante, esos rubros”.
Resulta que en marzo de año 2022, la Corte Constitucional extendió la declaratoria del “Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria”, y le ordenó a las alcaldías y gobernaciones que, en un plazo máximo de cuatro meses, debían asumir esa tarea, ya pasó más de un año, y los mandatarios no han hecho.
El director de la USPEC ya tiene alertas de la Procuraduría en las que le recuerda que hay una orden constitucional que debe cumplir, sin embargo, como los alcaldes no han acatado ese fallo, y por ellos se buscaron alternativas para evitar una crisis alimentaria.
“Por encima de eso, que ningún preso se quede sin alimentación y un régimen de transición. Todo esto se lo estamos informando a la Corte constitucional, para que vean que todos estamos interesados en cumplir su orden, pero que, los alcaldes no pudieron, no alcanzaron, o no pudieron o no quisieron ese compromiso y tienen un año para ponerse al día”, insistió el ministro Osuna.
La USPEC dice que son alrededor de 17 mil los detenidos, a los que presta el servicio de alimentación en estaciones de Policía, URI, y centros transitorios de todo el país y eso cuesta aproximadamente $8.500 millones mensuales.
