Defensoría del Pueblo alerta que 17.500 detenidos se quedarán sin comida
Solicita al Ministerio de Justicia convocar de manera inmediata una mesa de alto nivel para tener un plan de contingencia.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images. / .::PabloAndres::.
Bogotá D.C.
Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que más de 17.500 personas privadas de la libertad, recluidas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), se quedarán sin alimentación a partir del próximo 31 de julio, día en que se vence el actual contrato.
El informe revela también que el 75% de las 22.659 personas privadas de la libertad (PPL) en Centros de Detención Transitoria en el país recibe alimentación por la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (USPEC), entidad que la suministra pese a que el deber legal les corresponde a los municipios y departamentos.
Y es que la USPEC manifestó a la Defensoría y a la Procuraduría no querer continuar, desde finales del siguiente mes, con la prestación del servicio alimentario en los Centros de Detención Transitoria del país a personas en calidad de indiciadas.
“Esta es una situación compleja que urge ser atendida no solo porque la falta de alimentos podría generar una grave vulneración a los derechos humanos, también porque existe un alto riesgo de que sea afectado el orden público a causa de una posible parálisis alimentaria”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La situación se vuelve más compleja, ya que en estos centros hay un hacinamiento del 124%, lo que genera otras vulneraciones a los derechos humanos. Datos de la Policía Nacional señalan que 1534 PPL están condenadas y 21.125 se encuentran imputadas.
“Hemos entregado varias recomendaciones al Ministerio de Justicia para que convoque de manera inmediata una mesa de alto nivel, conformada por las entidades territoriales y la USPEC para que sea adoptado un plan de contingencia que permita asegurar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación a esta población”, resaltó el Defensor del Pueblo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo les solicita a las alcaldías y gobernaciones adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación a las personas en calidad de sindicadas que se encuentran en Centros de Detención Transitoria, y a la USPEC, que coordine con las entidades territoriales el suministro de este servicio para prevenir una afectación generalizada.
