Procuraduría acusa a exalcalde de Tierralta por el caso de María Pilar Hurtado
Fabio Otero Avilés y su secretario de Gobierno para la época (2014 -2019) fueron imputados por desatender las denuncias de la lideresa frente amenazas contra su vida.
Montería
La Procuraduría formuló pliego de cargos disciplinarios contra el alcalde de Tierralta para la época (2014 -2019), Fabio Leonardo Otero Avilés y el secretario de Gobierno para el mismo período, Willington Ortiz Naranjo, por su presunta responsabilidad en la muerte de la lideresa social, María Pilar Hurtado Montaño, ocurrida el 21 de junio de 2019.
El crimen de esta lideresa se conoció ampliamente tras la aparición de un video en el que se ve a su hijo, menor de edad, ahogado en llanto y gritos de dolor tras haber presenciado segundos antes el asesinato de su madre.
Al momento de su asesinato, Hurtado lideraba un grupo de personas, especialmente mujeres reclamantes de tierras, que estaban ocupando un lote en jurisdicción de ese municipio, cuyo propietario era padre del alcalde investigado.
Días después de haber recibido un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que la amenazaban de muerte con nombre propio y que puso de inmediato en conocimiento de las autoridades, la mujer fue asesinada por un sicario.
De acuerdo con el análisis de la Procuraduría, el homicidio de la señora Hurtado habría sido ordenada por un comandante de ese grupo ilegal, como retaliación por la toma del predio en cuestión.
La Procuraduría logró establecer que Hurtado era una lideresa social reconocida por esa Administración Municipal y no una extorsionista, como habrían tratado de hacerla ver sus verdugos para justificar su muerte.
El cargo endilgado a exalcalde y exsecretario de Gobierno está relacionado con la omisión de sus deberes, como autoridades del municipio, por no tomar las medidas necesarias para mantener el orden público y proteger la vida de la lideresa social.
Al exalcalde Otero Avilez se le endilgó un segundo cargo por posible conflicto de intereses al haber intervenido en un asunto en el que su padre tenía un interés particular y directo, como lo era la invasión del predio de su propiedad.
Las faltas fueron calificadas de manera preliminar como graves, a título de culpa gravísima, ya que estos incurrieron en una desatención elemental de sus obligaciones y funciones.
