Procuraduría pidió al alcalde de Ibagué cumplir fallo que ordena suspender la cabalgata
El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó suspender el desfile equino programado para el 25 de junio
La cabalgata sanjuanera estaba programada para el 25 de junio / Caracol Radio
Ibagué
La Procuraduría General de la Nación instó al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, a cumplir la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo del Tolima de suspender la cabalgata del próximo 25 de junio de 2023 por falta de reglamentación clara y precisa por parte del municipio de Ibagué.
La orden judicial establece la suspensión del evento programado en el marco de las fiestas del folclor hasta tanto se garantice la expedición de un acto administrativo, previo el cumplimiento de unos requisitos ambientales, técnicos y logísticos que no fueron satisfechos con la reglamentación exprés que expidió la administración municipal.
El ente de control solicitó asegurar la participación ciudadana para garantizar al público asistente el acceso a información completa y precisa sobre el proyecto de regulación de la cabalgata como una manifestación de la identidad cultural propia de los tolimenses, otorgando un plazo razonable de intervención, en desarrollo de los principios de participación, transparencia y publicidad que deben guiar la actuación administrativa.
La decisión del Tribunal Administrativo del Tolima se originó tras una acción popular elevada por el abogado ambientalista Juan Felipe Rodríguez quien insistió que se debe salvaguardar los derechos de los caballos como seres sintientes y que en estos eventos masivos son propensos al maltrato además se debe garantizar los derechos de los asistentes.
Al respecto, señaló la Procuraduría que los diferentes grupos interesados pueden aportar insumos para la construcción de una reglamentación integral de aspectos como la protección de la salud y vida los equinos participantes, la salvaguarda de la salud y la vida de los jinetes y de los espectadores de la cabalgata, y el desarrollo de una política de prevención para evitar la generación de daños que puedan ser atribuidos al ente territorial.
