Clan del Golfo amenazó a magistrados de la JEP que investigan ‘falsos positivos’
El tribunal de paz pidió investigar los hechos y sancionar a los responsables.
El magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, en cementerio de Dabeiba. Cortesía: JEP
Bogotá D.C.
Se trata de un arreglo floral fúnebre y amenazas a través de mensajes de texto dirigidas contra el magistrado Alejandro Ramelli y su magistrado auxiliar Hugo Escobar, integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En el mensaje se declaran a los funcionarios como ‘objetivo militar’ y menciona los nombres de comparecientes ante ese tribunal que han entregado información sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por exmilitares en el municipio de Dabeiba, Antioquia.
“Usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado”, se lee en la amenaza. Ramelli y Escobar lideran las exhumaciones en el cementerio Las Mercedes de restos de personas desaparecidas que fueron víctimas de los llamados ‘falsos positivos’.
La JEP rechazó lo sucedido y pidió a la Fiscalía y al resto de autoridades judiciales investigar y sancionar a los responsables. Mientras que al Gobierno Nacional le solicitó desarticular a los grupos armados que atentan contra la paz.
De hecho, La Fiscalía General ya asumió la investigación y un equipo especializado tomó contacto con los dos funcionarios judiciales para conocer detalles sobre el origen de las intimidaciones.
También hay varias reacciones nacionales e internacionales frente a esta situación que prendió las alertas en la JEP. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, rechazó vehemente las amenazas contra los magistrados y destacó su trabajo por esclarecer hechos de desaparición forzada en el país.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se unió a las voces de condena por las amenazas en contra de magistrados de la JEP. Ratificó su respaldo a su labor para garantizar los derechos de las víctimas, y asegurar la justicia en el camino a la paz.
Urgió al Estado a que tome todas las medidas necesarias para la protección de los funcionarios e instó al desmantelamiento de grupos armados como lo señala el Acuerdo de Paz.
Entre tanto, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas manifestó su solidaridad con los magistrados amenazados y exigió respeto por la vida, la dignidad, la tranquilidad y el trabajo que realizan los servidores de la JEP. Aseguró que su función pública es esencial para la paz de Colombia.
Por último, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz indicó que estas amenazas buscan truncar el acceso a la verdad de las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Militares.
