Corte Constitucional pide investigar incumplimientos de protección a niños Wayuu
El llamado de la Alta Corte se da luego de realizar una inspección en 21 comunidades de la media y alta Guajira, y constatar las graves situaciones de precariedad y vulnerabilidad que siguen padeciendo.
Bogota
La alerta de la Corte Constitucional se dio luego de que la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 realizó una inspección judicial en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en el departamento de La Guajira, con el fin de verificar el cumplimiento de la ruta ordenada para remediar los problemas estructurales que impiden el goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud, la alimentación y el agua potable de la niñez Wayuu.
En el recorrido, que incluyo la visita a 21 comunidades de la media y alta Guajira, se encontraron varias situaciones irregulares.
“Se advirtieron fallas en las soluciones hídricas como la poca frecuencia de los carros, cisterna y el mal estado de pozos y jagüeyes. Así mismo, se encontraron problemas en el suministro de alimentos y falta de atención por las entidades encargadas, como el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar”, explicó la Alta Corte.
En cuanto a la situación de salud, indicaron que “sobresalió la ausencia de personal médico, equipos de salud insuficientes y en mal estado, falta de ambulancias e insuficientes medidas de atención extramural. Todo ello además permeado por la falta de vías adecuadas de acceso que faciliten el transporte y recorrido de la población por el territorio”.
Lo más preocupante es la alerta de las comunidades por las muertes que ha generado la desnutrición y advirtieron que el registro actual de muertes por esta causa, que se maneja por las entidades del Estado, puede estar muy por debajo de la realidad.
“Esta visita, en la que se encontraron varios menores en estado de desnutrición y que fue aprovechada por algunas comunidades para alertar sobre el subregistro de los menores fallecidos por esta causa, reveló la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las medidas cautelares proferidas en el Auto 696 de 2021 y la urgencia de poner en marcha la Mesa Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEP)”.
Por la terrible situación, la Alta Corte pidió a la Contraloría y Procuraduría, que inicien las investigaciones de sus competencias con base en las irregularidades encontradas.
