Desplazamientos masivos e inseguridad: la crítica situación de Buenaventura

114 familias llegaron en las últimas horas desde la zona rural del distrito de Buenaventura, al casco urbano, debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados por el control del territorio, según informaron las autoridades.

La Personería Distrital estableció que estas familias salieron del sector conocido como El Pital, ubicado en la ladera sur de la cuenca del río Cajambre y se asentaron en La Playita de la zona urbana de la ciudad Puerto.

En conversación con 6Am Hoy por Hoy de Caracol Radio, Edwin Patiño, personero de Buenaventura, aseguró que, “es una población que tiene 170 familias de las cuales 114 salieron de su territorio, 10 más quedaron resistiendo y el resto se desplazaron internamente, según expresaron”.

Se trata de un grupo de más de 500 personas aproximadamente, entre niños, adultos y mayores, que se suman a las familias que habían salido desplazadas desde la zona del Bajo Calima hace 18 meses y que permanecen en diferentes sitios de Buenaventura a la espera de poder retornar a sus territorios.

El personero explicó que en ese sector “están en confrontación la estructura Jaime Martinez, con el Eln (...) no hay condiciones de garantías de seguridad para que las personas puedan retornar a sus territorios”.

Patiño indicó que a pesar de que hay una tregua en el casco urbano de Buenaventura, entre ‘Chotos’ y ‘Espartanos’ por la intervención del gobierno nacional, la situación es preocupante,

“La ola de criminalidad en el casco urbano ha bajado, pero en la ruralidad se ha disparado. Hay cuatro grupos que están operando en el lado sur, la Segunda Marquetalia enfrentados con el eln y el lado sur hay una serie de desplazamientos a causa del enfrentamiento entre el Eln y las AGC”.

El personero asegura que 843 familias que se desplazaron a la ciudad de Cali y que no han podido retornar todavía.

“Es una situación bastante crítica y compleja y se tenía la esperanza de poder hacer los retornos... La ruptura de diálogo con las AGC nos afecta y ahora lo que estamos pidiendo es que en esas mesas de diálogo, el gobierno pueda tener en cuenta y sentar sobre la mesa que estos grupos excluyan a la población civil y que no la vinculen dentro de su proceso porque de no hacerlo, en la zona rural del pacifico colombiano no va quedar nadie, la gente se va a seguir desplazando y esto va a generar un problema de seguridad alimentaria porque no va a ver quien produzca alimentos”.