Justicia

Corte Constitucional llamó la atención del Gobierno por crisis carcelaria

Camilo Umaña, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa se comprometió a revisar este tema ya que no fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo

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ARCHIVO / Archivo (Caracol Radio)

La Corte Constitucional realizó este lunes la primera, de dos inspecciones judiciales a las estaciones de policía de Bogotá, con el propósito de verificar en qué estado se encuentra las personas privadas de la libertad y garantizar los derechos fundamentales, además de verificar las instalaciones, las condiciones de hacinamiento, la salud y la salubridad.

“Estamos verificando el estado de los centros de detención transitoria comenzando por Bogotá, después pasaremos a otras ciudades, todo esto con el acompañamiento de los funcionarios de la sala de seguimiento del estado de cosas inconstitucional, como de los funcionarios de la procuraduría, la defensoría del pueblo, el ministerio de justicia, el IMPEC entre otras entidades”, dijo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

Recordaron así mismo que la corte Constitucional en el año 2013 decretó el Estado de Cosas Inconstitucionales en los centros de reclusión del país, que significa la vulneración máxima de los derechos humanos, la reiteraron en el 2015, y lo extendieron en el año 2022.

“La situación es y sigue siendo dramática, y esto implica que todas las autoridades judiciales y legislativas vuelquen los ojos a esta situación, las condiciones de hacinamientos son las complicadas”, aseguró.

Por su parte Juan Sebastian Vega, procurador auxiliar para asuntos constitucionales, señalo que el hacinamiento en estos lugares supera el 200% y que es lamentable que no haya soluciones claras ni este en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

“Le solicitamos a la Corte Constitucional como medida cautelar, que se hicieras medidas humanitarias urgentes, verificando el estado de salud y por ejemplo traslado a otros lados... es lamentable que no esté incluido en el PND, desde la procuraduria hemos hecho llamados al Congreso y al viceministro de política criminal quienes se comprometieron a revisar el tema”, aseguró.

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