Fiscalía pidió mantener preso a Dani Alves

La Fiscalía decidió dejar preso a Dani Alves luego de todas las pruebas en su contra que lo incriminan en el caso de violación a una joven en un baño de una discoteca en Barcelona. Su defensa ofreció medidas menos graves para demostrar que el jugador no saldrá del país, tales como entregar su pasaporte y llevar una pulsera telemática; sin embargo, estas propuestas no fueron tenidas en cuenta.

La Fiscalía pidió a la Audiencia de la ciudad que mantenga en prisión al exjugador del Barça e internacional brasileño, esgrimiendo los múltiples indicios que en su opinión le incriminan, entre ellos las pruebas de ADN, mientras la defensa del futbolista ha vuelto a cuestionar la versión de la víctima.

En la sección tercera de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este jueves la vista por el recurso que la defensa de Alves presentó contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión sin fianza por violar a una joven la noche del 30 de diciembre pasado en un baño de una discoteca de la capital catalana.

Según han explicado fuentes jurídicas, en la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima, la defensa de Alves se ha remitido al recurso que presentó para pedir su excarcelación y, tras insistir en que el futbolista tiene arraigo suficiente en España para garantizar que no huirá, ha vuelto a cuestionar la versión de la víctima, entre otros aspectos porque no presenta lesiones vaginales.

La acusación cree que Alves podría huir en un avión privado

El debate sobre el riesgo de huida de Alves si queda en libertad es otras de las cuestiones que han centrado la vista de la Audiencia, en la que su defensa ha esgrimido el certificado de empadronamiento histórico del futbolista y la vivienda que posee en Esplugues de Llobregat (Barcelona) para tratar de demostrar su arraigo en España.

También ha alegado el abogado Cristobal Martell que el futbolista administra dos sociedades en España y que la quincena de empresas que tiene en Brasil -en las que la acusación particular se basó para probar que dispone de elevados recursos económicos- tienen un capital mínimo, prácticamente simbólico.

La acusación particular, que ejerce la abogada Ester Garcia, ha rebatido sus argumentos al recordar que las empresas de Alves en España tienen un capital cercano al millón de euros y que comparte la titularidad de su casa de Esplugues con su exmujer, por lo que cree que no garantiza su arraigo.