Fiscalía solicitó casa por cárcel para secretaria de educación de Medellín

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en domicilio en contra de la secretaria de educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz, la ex directora técnica de Buen Comienzo Lina Maria Gil y el representante legal de Colombia Avanza Henry Paulison Gómez Montoya.

Según el ente investigativo, la secretaria es ordenadora de gasto y no puede delegar sus funciones, debido a que no se permite delegar las funciones que el alcalde Daniel Quintero entregó a ella, por lo que, mientras está siendo investigada, no podría seguir en sus funciones.

Para el caso de la señora Gil continúa en funciones públicas y para Paulison Gómez Montoya, sigue vinculado a Colombia Avanza.

Según la Fiscalía se rompió la transparencia de Buen Comienzo cuando en el 2020 se hace una contratación directa, cuando en los años 2018 y 2019 se dio invitación pública. Insiste la Fiscal que la Secretaría de Educación utilizó un mecanismo falaz para poder contratar con Colombia Avanza y es que este era el único oferente en el banco del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, eliminando la competencia y sacando a todos los contratistas que tradicionalmente atendían este programa.

Detalló en la audiencia la fiscal que Colombia Avanza solo ingresó al banco de oferentes el 30 de diciembre del 2019. Además, se le entregó el contrato para el cual no tenía capacidad. Explicó la Fiscalía, que Colombia Avanza sabía que iba a obtener el contrato, antes de que esto pasara y quedó evidenciado en el hecho de que empezó a buscar beneficiarios antes de que fuera adjudicado. Para la Fiscal no se hizo una búsqueda del mejor oferente.

A estas tres personas se les imputó los delitos de Peculado por apropiación, Tentativa de peculado por apropiación, celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos. Esto por una malversación y tentativa de malversación de 2.200 millones de pesos para un contrato de atención alimentaria de niños entre cero a cinco años.

Enfatizó la Fiscal que se utilizó a una entidad sin ánimo de lucro, Colombia Avanza, para pasar los recursos y actividades a dos empresas que sí tienen animo de lucro. Para la Fiscalía es preocupante que todavía no haya claridad de dónde están los recursos del estado. Agrega la entidad, que tiene prueba de que se destruyó facturas que demuestran la subcontratación o tercerización, lo que incrementa los costos.

Describió la Fiscal que la Alcaldía de Medellín asignó el contrato, a pesar de que las cotizaciones para los alimentos se basaron en los precios que se tenían en supermercados reconocidos, es decir precios al detal y no al por mayor. A pesar que el contrato era por 16 mil millones de pesos. Detalla la Fiscalía que el sobrecostos es cercano a 1.200 millones de pesos.

Además la Fiscalía asegura que por falta de idoneidad del contratista, la alcaldía tuvo que almacenar y distribuir con personal de Plaza Mayor, Inder y Secretaría de Inclusión social estos alimentos, a pesar de que a Colombia Avanza se le pagó 7 mil millones de pesos por la logística para entregar 220.578 kits alimenticios.

Agrega que se contrató a Colombia Avanza, porque supuestamente tenía una bodega, pero está nunca fue utilizada, sino una bodega de la Alcaldía de Medellín. Por lo que la corporación NO era idónea.

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