Procuraduría inició investigación a fuerza Pública por secuestro de los funcionarios
La Defensoría del Pueblo también rechazó el hecho y solicitó mayores garantías de seguridad para los funcionarios judiciales.
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Foto Archivo Colprensa-Sergio Acero / Sergio Acero
Antioquia
La retención ilegal de cuatro funcionarios judiciales en Antioquia ha generado varios pronunciamientos de diferentes entidades, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, este último ente de control mediante un comunicado indicó que ordenó la apertura de una investigación disciplinaria a la fuerza pública “relacionadas con presuntos hechos irregulares en los que podrían haber tenido participación miembros del Ejército y la Policía Nacional, luego del secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en Tarazá, Antioquia, el 3 de febrero último”.
La investigación será liderada por la Delegada para la Fuerza Pública, designada directamente por la jefa de la entidad, la señora Margarita Cabello. Así mismo le solicitó a la Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales “constituir una agencia especial para intervenir en el proceso penal abierto por esos hechos”.
Mientras que el Procurador 113 Judicial II Penal de Medellín, será el encargado de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo de ese caso.
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De otro lado, la Defensoría del Pueblo en cabeza de Carlos Camargo, solicitó a las autoridades generar mayor seguridad y acompañamiento a los trabajadores judiciales, al mismo tiempo que rechazó la retención de los cuatro funcionarios en Tarazá.
“Esta circunstancia pone en riesgo a los funcionarios que tuvieron que abandonar el territorio y a todos los ciudadanos, por cuanto la Fiscalía es el motor de las investigaciones frente a hechos criminales y la información que allí reposa es vital para luchar contra la delincuencia”, agregó el defensor.
Finalmente, el funcionario le solicitó a los grupos armados ilegales demostrar su verdadera intención de la paz total con gestos como dejar por fuera a la población civil de todo tipo de hechos ilegales, iniciativa que aceptaron y se comprometieron.