Al menos 3 irregularidades en libertad de jóvenes de primera línea

Una verdadera polémica se ha extendido en el país tras la liberación en los últimos días de dos jóvenes de la primera línea que estaban presos y son investigados por su participación en los desmanes ocurridos en las protestas sociales de 2021, en Colombia.

Se trata de Adriana Esperanza Bermeo y Santiago Márquez, quienes fueron capturados a finales del año pasado en Bogotá y fueron designados como voceros de paz por el Gobierno Nacional.

Precisamente, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de los dos jóvenes.

La funcionaria se cuestionó hasta qué punto esa ley le entregó libertad completa al presidente para determinar quién permanece o no detenido y aseguró que debería ser el Congreso de la República quien reglamente este tipo de actos.

Las irregularidades

Jairo Acosta, procurador Delegado encargado de lo Penal, explicó en 6Am Hoy por Hoy, de Caracol radio, que según esa cartera, hay al menos tres irregularidades en el proceso de liberación de los jóvenes.

Para iniciar, indicó que la persona que firmó la libertad, la Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para hacerlo.

“Otra tiene que ver con haber desconocido principios estructurales de todo proceso, que son la publicidad y los controles que internamente se deben suponer y una tercera que tiene que ver con la legalidad y la interpretación tanto legal, como constitucional, que se hace de las resoluciones y las leyes que conducen a la solicitud de estas liberaciones”, aseguró el funcionario.

Así mismo, agregó que la Procuraduría tampoco fue convocada en las diligencias en donde se decretó la libertad y dijo que, “en todos, los procedimientos judiciales, legalmente, debe ser convocada la Procuraduría, que debe estar allí, emitiendo, conceptuando o entregando su valoración jurídica y hacer valer el orden jurídico”.

Acosta aseguró que legalmente, el procedimiento que realizó el Gobierno no era procedente y por lo tanto se tendrá que analizar la validez de las actuaciones, es decir que esto podría afectar la libertad de los jóvenes y que también se evaluará la responsabilidad del Gobierno al emitir la orden.

“No hemos tenido acceso a lo que podría ser un expediente, sino solo a una decisión que nos entregó la autoridad carcelaria del Pedregal, porque el Centro de Servicios de Bogotá no la entregó… Tenemos que verificar qué camino siguió esta decisión”.

El delegado de la Procuraduría aseguró que la juez coordinadora solo podía actuar como juez de Control de Garantías en un caso de fuerza mayor. “Sabemos que están las irregularidades, que no está la competencia y entonces tenemos que verificar”, puntualizó.

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