Bloqueadores de señal celular tendrían falencias en las cárceles

Bogotá D.C.

Este lunes se adelantó una masiva intervención en 56 pabellones de alta y mediana seguridad de 18 cárceles del país ubicadas en 14 ciudades, tras el análisis de más de 7.000 denuncias ciudadanas por el delito de extorsión en distintas modalidades como llamadas o mensajes a través de celular, provenientes de estos centros penitenciarios.

El balance que entregó el Mayor Edgar Gutiérrez, subdirector del Inpec, es la incautación de 266 celulares, 641 accesorios para celular, 743 armas blancas, 4.572 gramos de estupefacientes y 907 botellas de licor artesanal. Participaron 5.000 integrantes de la Policía Nacional y el INPEC. En total se requisaron a 11.318 reclusos.

Según el Gaula de la Policía, el 32% de la extorsión tendría origen en los establecimientos de reclusión del país. Ocho de estos centros concentran generan el 94% de las llamadas extorsivas, entre ellos Cómbita (Boyacá), Tramacúa (Cesar) y Doña Juana (Caldas).

Por otra parte, se estableció que el 11% de los casos se presentan en la modalidad de falso servicio. Si bien continuarán los controles en las cárceles por parte de la Policía y el INPEC, se está advirtiendo que habría falencias en los bloqueadores de señal celular en estos centros, desde donde se realizan las llamadas extorsivas.

El general Tito Castellanos, Jefe Nacional del Servicio de Policía, indicó que los llamados inhibidores solo impiden la señal 2G y 3G, pero no tendrían la capacidad de impedir frecuencias superiores.

“Desafortunadamente el Inpec tiene una falencia, y lo hablo con propiedad porque hace tres meses era su director: tenemos la capacidad de inhibir señales 2G y 3G, y en el momento estamos en 4G y 5G. Hay diferencias en ese tema de bloqueo”, señaló el general Castellanos.

Por otro lado, el alto oficial que en las cárceles donde se logra un buen bloqueo, las poblaciones aledañas han interpuesto tutelas sobre la posible vulneración al derecho a la comunicación, además de innumerables quejas y demandas.

“Es un juego jurídico que tenemos y lo estamos trabajando”, aseguró el general Castellanos, quien dice que una de las soluciones para impedir las llamadas extorsivas desde las cárceles es mantener a diario los controles en estos centros.