Lío en millonaria licitación de la Fiscalía

En septiembre, la Fiscalía publicó en la plataforma SECOP II, donde está toda la información de contratación estatal, estudios previos y un proyecto de pliego de condiciones para que arrancara el proceso de selección para una licitación pública muy jugosa: la prestación de servicios de telecomunicaciones de lo que se entiende como red corporativa, con compromiso de seguridad informática para comunicaciones de la Fiscalía. El monto: alrededor de 180 mil millones.

Como una parte de esos servicios en licitación contempla el de las videoconferencias de la Fiscalía, uno de los requisitos técnicos consiste en determinar la vida útil de una batería de monitores, 40 mil horas, y sus requisitos generales (la resolución, 55 pulgadas tipo LED, mínimo de entradas USB y HDMI, controles remotos).

En noviembre 15, como consta en SECOP II, se cerró el proceso de selección con tres ofertas concretas: Unión Temporal Conecta (Colombia Telecomunicaciones y Dextera), Unión Temporal Fiscalía Seguridad Integral (Comunicación Celular S.A., Sonda de Colombia S.A. y Teseract S.A.) y Yak Til SAS.

Uno de los documentos presentados por UT Conecta incluía una certificación de uso y garantía de monitores presuntamente expedida por LG Busssines Solutions, firmada por Nicole Ramírez, con el cargo de ingeniera de ventas, documento en poder de Caracol Radio.

Ese fue uno de muchos documentos que pasó a manos del Comité Evaluador. ¿Qué determinó del estudio integral el comité? La Unión Temporal Fiscalía Seguridad resultaba no habilitada (no cumplió la evaluación jurídica ni la técnica), Yak fue rechazado como proponente (por rechazo en su evaluación jurídica, técnica y financiera) y UT Conecta también no habilitada (cumplía la evaluación jurídica y la financiera, pero no la técnica).

Esa evaluación técnica tiene que ver con la certificación de uso y garantía de monitores presuntamente expedida por LG BS. Viene entonces un escenario de actualización del SECOP II con estas determinaciones del comité y las respectivas observaciones de los aspirantes, es decir, sus respuestas.

Pero se puso la lupa en la garantía de LG porque los investigadores encontraron serias inconsistencias, específicamente en materia del tiempo de vida de los monitores que requería la Fiscalía. En uno de los documentos que hacen parte de este proceso, consta que LG, con firma de la señora Nicole Ramírez, garantiza que dichos monitores tienen vida útil de 40 mil horas (este es el documento de UT Conecta). Pero en la oferta de UT Fiscalía Seguridad hay otra certificación para monitores similares, también de LG, donde Lydia Gómez, identificada como gerente senior de ventas, asegura que solo se garantizan 30 mil horas. Y esas 10 mil horas de diferencia prenden las alarmas del comité evaluador.

La señora Gómez se ratificó en las 30 mil horas e hizo una revelación que es la piedra angular de todo este asunto: le dijo al Comité Evaluador que el otro documento, el de las 40 mil, firmado por la otra empleada, Nicole Ramírez, ingeniera de ventas, tiene presuntas alteraciones: uno, en la fecha (la certificación fue emitida el 31 de octubre y no el 11 de noviembre de este año); dos, la certificación es válida por 30 días y no por las 90 que asegura dar como plazo; tres, todas las certificaciones de LG tienen sello de agua y esta no lo usa; cuatro, se emplea una palabra en la razón social, BIC, que no existe; cinco, el documento está escaneado vía celular y ellos escanean siempre con su propia red; y, seis, la cereza del pastel: el 11 de noviembre, supuesta fecha de expedición, la señora Nicole Ramírez, quien firma, estaba incapacitada, así que resulta imposible, según palabras de la gerente senior de ventas, que Ramírez emitiera ese documento.

¿Qué hizo la Fiscalía?

Procedió, a través de la subdirectora nacional de gestión contractual de la entidad y del subdirector nacional de tecnologías, también de la Fiscalía, a interponer denuncia por presunta falsedad. ¿Dónde interpone la denuncia? Donde corresponde, ante la misma Fiscalía, en el despacho de Guillermo Forero, director de atención al usuario de la entidad.

Estamos hablando, recordemos, de una licitación de 180 mil millones, con lo cual es posible que esto pase a manos de la Dirección Nacional Anticorrupción, donde el mismo grupo de fiscales que investiga el caso Centros Poblados, determine si hay responsabilidades penales para quien se encargó de que se presentara esa certificación, perjudicando el proceso licitatorio y el buen nombre de las empresas participantes.

Estamos tratando de recuperar 70 mil de Centros Poblados, y esta licitación es de 180 mil y enfrenta, como decíamos al principio, a dos colosos, porque, en la Unión Temporal Conecta, que presenta el documento que encendió las alarmas, el componente fundamental es Colombia Telecomunicaciones, que es Telefónica, y en la Unión Temporal Fiscalía Seguridad, la empresa clave es Comunicación Celular S.A., que es Claro. Claro y Telefónica en un pulso fuerte por una licitación de 180 mil millones de pesos.

Viene ahora la audiencia de adjudicación, este viernes 9, y allí la Fiscalía se pronunciará sobre los argumentos de los proponentes, se dará a conocer el informe final de puntaje y se decidirá el proceso de selección.

Como para alquilar balcón en esta licitación que involucra a Telefónica y a Claro en un proceso por un monto de 180 mil millones, y seguramente antes de la audiencia la Fiscalía revelará qué está pasando, para claridad de la opinión pública.