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ELN, excarcelación y violencia, ¿en qué va la paz total del gobierno Petro?

Panelistas creen que decisiones como excarcelación de manifestantes van en dirección de atender la paz total; para resolver el conflicto creen necesario detener violencia entre organizaciones armadas.

ELN, excarcelación y violencia, ¿en qué va la paz total del gobierno Petro?

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(Colprensa-Mariano Vimos).

En Hora20 el análisis al avance de la paz total que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Se habló del propósito de que jóvenes detenidos durante las protestas del 2021 ahora sean liberados y se conviertan en gestores de paz, después una mirada a los primeros acuerdos en la mesa de diálogo con el ELN y de dos informes que revelan los retos que tiene el gobierno en adelante para que la paz total tome forma. Por último, una pregunta de las tragedias que se repiten por cuenta del invierno.

Al inicio de esta semana la “paz total” que propone el gobierno de Gustavo Petro se empieza a mover y tomar forma. Por un lado, la excarcelación de manifestantes detenidos durante las protestas de 2021, pues el presidente Petro aseguró el pasado sábado que antes de nochebuena estas personas quedarían en libertad. La idea según el ministro del Interior y el de Justicia no es hacer una excarcelación generalizada ni un indulto, sino que a través de un decreto reglamentario después de una depuración de una lista de 230 detenidos, las personas detenidas y que no han recibido una pena todavía queden en libertad y puedan ejercer como gestores de paz y convivencia, una medida que para el gobierno es de reconciliación y que permitiría que los detenidos, entre ellos, varios miembros de la denominada primera línea, se puedan defender en libertad, aunque el proceso penal continuará sin ninguna alteración.

Por otro lado, la realidad de la paz total con organizaciones armadas, mientras en Caracas se llega a un primer acuerdo con el ELN que permitiría el retorno de los indígenas Emberá a sus territorios tras ser víctimas de desplazamiento; un diálogo que tiene sus riesgos como lo evidenció un informe de la UIA de la JEP, en el cual plantean que seis frentes de esta guerrilla pueden ser saboteadores e impedir la paz con el ELN. En Buenaventura este lunes empezaron los diálogos entre Shottas y Espartanos, mientras que en varios puntos del país se mantiene el conflicto entre organizaciones armadas como Clan del Golfo, disidencias de las Farc y ELN. Precisamente un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz plantea que en el último trimestre los enfrentamientos entre grupos armados han crecido 79%, las acciones armadas contra la Fuerza Pública han crecido 74%, mientras que desde las acciones de la Fuerza Pública en combates y bombardeos la disminución es del 70%. Aunque esta tarde el ministro del Interior, Alfonso Prada afirmó que el presidente Petro pidió a las Fuerzas Militares y Policía no desacelerar ninguna operación en el territorio nacional.

Lo que dicen los panelistas

Para Daniel Palacios, exconcejal de Bogotá, exministro del Interior y politólogo, la figura de gestor de paz como está contemplada en normatividad actual, es una forma de facilitar negociación con grupo armado, “pero acá no queda claro bajo qué efectos se da calidad de gestor de paz”, en ese sentido, comentó que no existiría una facultad clara del presidente para que personas que están en proceso judicial por cometer delitos, puedan quedar en libertad. Agregó que es la justicia la que debe obrar y determinar la responsabilidad, “sí está claro cómo lo van a hacer, primera línea no es organización armada, para la cual está diseñada la figura de gestor de paz”.

Por otro lado, planteó que no se habla si son gestores para solucionar conflicto o es forma de satisfacer un grupo para darle la libertad a alguien, “una cosa es la inocencia o culpabilidad que la determina un juez, no el presidente ni sus seguidores”.

Camilo Granada, consultor, columnista y experto en comunicaciones, señaló que el gobierno tiene diagnósticos interesantes porque sí hubo proceso de estigmatización de protesta que llevó a un clima de tensión, pero aclaró que debe haber tratamiento diferenciado en cada uno de los casos,que un año y medio después no haya personas judicializadas y estén privadas de libertad, es una vergüenza. Imputados no quedarán en libertad, pero no es perdón judicial, no es amnistía, no es acudir a normas procesales”, por lo tanto, dijo que no hay suficiente claridad de qué ocurrirá y cuál es el propósito del gobierno.

“Gestor de paz tiene función para adelantar gestión de paz con una contraparte, pero ¿contra quién es en este caso?”, planteó sobre el efecto que puede tener esta iniciativa sobre la figura de gestor de paz.

Para Jorge Mantilla, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, politólogo, experto en conflicto, seguridad y criminalidad, esta iniciativa del gobierno tiene que ver con el contexto de paz total, “lo que es evidente es que presidente cumple promesa de campaña con esta absolución o perdón, en lo cual no hay claridad”, y destacó que, en ese sentido, se desnaturaliza figura de gestor de paz porque no hay contraparte. “Hubo gestores de paz para caso Farc, ELN y AUC, pero escenario de paz total nos pone en una posición en la que no se sabe con quién se está negociando”, además, destacó que es la Fiscalía es quien hace absolución en marco de principio de oportunidad o sometimiento, “¿es actor armado? ¿organización criminal? son muchas las preguntas y esta decisión no contribuye a dar más claridad en este escenario confuso de paz total”.

Sobre el panorama de paz total y de violencia en los primeros tres meses de gobierno Petro, comentó que la violencia en territorios se sigue presentando, “Arauca, Putumayo es dramático, Buenaventura se muestra como paz total porque hay tregua, pero ha aumentado desplazamiento porque hay otras estructuras que siguen operando en zona rural; baja homicidio, sube desplazamiento y amenazas”.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad, manifestó que en la protesta donde hay desde manifestantes pacíficos, infiltrados y Fuerza Pública violenta, se debe distinguir cada uno de los casos, “hay confusión en el planteamiento que ha hecho el gobierno, pero no se habla de amnistía o perdón total”. También resaltó que la medida puede ser acertada en el sentido que estas personas no han sido condenadas y considera que el enfoque es interesante por ser una justicia restaurativa.

“No es verdad que estas personas cometieron delitos necesariamente; hay debido proceso y presunción de inocencia que se debe cumplir. Violencia no es mecanismo acertado, pero se han visto procesos injustos”, por lo tanto, resaltó que la justicia debe actuar y pruebe que la persona cometió el delito.

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