Hackeo a Fiscalía: Investigan a la exfiscal Ana Catalina Noguera y a un “exnarco”

El grupo activista que se hace llamar Guacamaya Leaks, hace un par de meses hackeó a la Fiscalía colombiana y millones de correos del ente acusador quedaron expuestos en la web.

Caracol Radio conoció buena parte de esos correos, y al examinar algunas de esas carpetas, apareció que la Fiscalía encargó al fiscal Mario Burgos (el mismo del caso Mauricio Leal), investigar a la exdirectora de extinción de dominio Ana Catalina Noguera por el delito de tráfico de influencias de servidor público y su presunta relación con un supuesto “exnarco” al que llaman alias ‘El médico’.

Fuentes indican que, por fuero legal, y al tratarse de una exfuncionaria de alto rango en la Fiscalía, el fiscal Mario Burgos no tendría la competencia para investigar, sino que, debería ser un fiscal delegado ante la Corte.

Los correos filtrados indican que varias pruebas en ese proceso, aparentemente, habrían sido “acomodadas” por agentes del CTI y de la DEA.

La investigación

Esa investigación nació en el año 2021, a raíz de la publicación de Caracol Radio de un video en donde Ruth García, la abogada de ‘narcos’ cuenta que, la vicefiscal general Martha Janeth Mancera, supuestamente tiene intereses en proteger a su amiga, la fiscal Ana Victoria Nieto, investigada por el caso ‘narcofiscales’.

De acuerdo con esos correos filtrados, la Fiscalía ordenó averiguar cómo fue que Caracol Radio obtuvo ese video y los pormenores de esa publicación.

Adicionalmente, solicitó copia de los audios que la abogada Ruth García entregó en seis ocasiones a la DEA, de las conversaciones que sostuvo en reuniones con el ‘exnarco’ y testigo protegido Carlos Ramón Zapata, alias ‘El médico’ y en las que también estaría presente la exfiscal Ana Catalina Noguera. (Ver documento)

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Ana Catalina Noguera, es la hija del exrector de la Universidad Sergio Arboleda.

El rastreo

Por orden del fiscal Burgos, se habría hecho inspección al proceso en el que se incautó el celular de Carlos Ramón Zapata, alias ‘El médico’, ese celular es uno de los elementos en los que se fundamenta esa investigación del ente acusador.

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El día 05 de abril de 2022, el investigador Luis Ricardo Patiño Patiño remitió al despacho del Fiscal Burgos copia de esa investigación que daba cuenta de la actividad de incautación del celular.

Esa incautación se produjo a partir de una solicitud judicial de los EE.UU. en donde asocian a Carlos Ramón Peña o Ramón Esteban Peña alias ‘El médico’ con ‘la oficina de Envigado’ y quien, según Jeson Klingler, Agente Especial de la DEA, el ‘exnarco’ investigado sería el supuesto encargado “de la contaminación y corrupción de servidores con fines de obstrucción a la justicia y desvío de las investigaciones especialmente dirigidas al narcotráfico y lavado de dinero” (Ver documento).

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Extracción “express”

El día 16 de octubre de 2020 se libró orden de allanamiento y registro al inmueble de habitación de Ramón Esteban Peña (Ver documento)

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Tres días después, el 19 de octubre de 2020, el investigador Luis Ricardo Patiño Patiño, remitió un informe al fiscal solicitando una orden de extracción argumentando que ya habían logrado la incautación de tres celulares y un computador portátil.

Y es en este momento donde el tema empieza a ser sospechoso. En uno de los correos se evidencia que ese mismo 19 de octubre de 2020, a las 10.30 pm, los celulares fueron devueltos a alias ‘El Médico’. Es decir, y ese mismo día se hizo la extracción de información, pero, sin orden de un fiscal.

Los correos también indican que, seis días después de esa incautación un fiscal contra el narcotráfico expidió la orden para extraer información de los equipos que ya habían sido inspeccionados y devueltos a alias ‘El médico’.

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¿Pruebas arruinadas?

Aparentemente los investigadores de CTI y DEA que incautaron esos equipos de celulares y el portátil entorpecieron la investigación, porque recopilaron pruebas sin orden judicial.

El código de Procedimiento Penal dispone que a la técnica de recuperación de información (Art. 236 CPP) le son aplicables las reglas del allanamiento y registro. En consecuencia, una vez finalizada la extracción, la policía judicial tiene 12 horas para entregar el correspondiente informe y la fiscalía tiene 24 horas, una vez recibido ese material para legalizar.

Sin embargo, en este caso la extracción se hizo sin orden del fiscal y el día 25 de noviembre de 2020, es decir, un mes y una semana después esas pruebas fueron legalizadas ante los jueces, al parecer haciéndoles creer que todo se había hecho bajo los parámetros de la ley. (ver documento)

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