Defensoría desmiente al Ejército y gobernación sobre crisis en Arauca
Sigue el confinamiento por enfrentamientos entre ELN y disidencias FARC.
Comisión humanitaria en Arauca. Cortesía: Defensoría del Pueblo.
Bogotá D.C.
La Gobernadora encargada de Arauca, Indira Barrios, calificó de ‘amarillismo’ lo informado por la prensa sobre los combates entre el ELN y disidencias FARC en el departamento, que mantienen confinadas a centenares de personas sin acceso a alimentos y medicinas.
“No es ese amarillismo. No estamos en un conflicto donde no se pueda venir al territorio”, señaló Barrios en una rueda de prensa la semana pasada, manifestando que no había información por parte de las autoridades de esos choques entre los grupos armados ilegales.
Incluso, el comandante de la Octava División del Ejército, general Fabio Caro, se atrevió a decir que eran especulaciones, aunque seguían verificando. “Las dificultades del invierno nos genera una serie de limitaciones y no hay una información veraz. Son especulaciones que les han contado”, aseguró.
Es más, la misma Fiscalía General indicó que no tenían información de 20 a 30 muertos por esos combates que habrían iniciado a mediados de septiembre y que ni siquiera tenían las suficientes pruebas para realizar actos urgentes en la región.
Sin embargo, una verificación en el corregimiento Cañas Bravas, población rural ubicada entre los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón, por parte de la Defensoría del Pueblo demostró lo contrario, desmintiendo y contradiciendo a las autoridades.
La comisión humanitaria pudo constatar que, a raíz de los enfrentamientos armados de los últimos días, la población civil se encuentra en un estado de temor y zozobra generalizada.
“Se registró que al menos 25 familias campesinas están confinadas en sus viviendas, donde también se encuentran niños y adultos mayores; lo mismo ocurre con 170 familias indígenas del pueblo Hitnú que no pueden salir de sus resguardos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Según dijo, hay desabastecimiento de alimentos, la población no puede asistir a citas médicas ni tampoco adquirir medicamentos, “una situación que afecta especialmente a la población de la tercera edad y pone en grave riesgo su derecho a la salud y a la vida”, alertó.
También se observó una destrucción de las viviendas civiles por el uso de tatucos o cilindros bomba, y la posibilidad de que hayan quedado remanentes explosivos después de los enfrentamientos, con grave riesgo para la población civil.
De igual manera, se verificó que las 13 escuelas rurales y el centro educativo El Tránsito en Bocas de Ele, permanecen cerradas y la mayoría no cuentan con la infraestructura básica, lo que vulnera el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes de la zona.
Camargo no descartó que las confrontaciones armadas se puedan trasladar a otras zonas del departamento, por lo que reitera el llamado a tomar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar los derechos de las comunidades de la región.
