El Reino Unido da luz verde a la extradición de Julian Assange a EE.UU.
El anuncio lo hizo la ministra del Interior británica, quien acató la orden de entrega emitido por un Tribunal de ese país.
La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha firmado la orden para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo requiere por cargos de espionaje, informó este viernes su departamento. El pasado 20 de abril, un juez de un tribunal británico emitió una orden de entrega del periodista australiano a EEUU para ser considerada por el Gobierno del Reino Unido.
"En virtud de la Ley de Extradición de 2003, el ministro del Interior debe firmar una orden de extradición si no encuentra argumentos para prohibir que se emita la orden", indicó un portavoz del ministerio en un comunicado divulgado hoy.
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Esa fuente agregó que "las solicitudes de extradición solo se envían a la ministra del Interior una vez un juez ha decidido que se puede proceder tras haber valorado varios aspectos del caso".
"El 17 de junio (hoy), tras la valoración de los jueces de la Corte de Magistrados de Westminster y del Tribunal Superior, se ordenó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Assange mantiene el derecho de apelación en un plazo de 14 días", según esto.
El portavoz oficial añadió asimismo que "en este caso, las cortes británicas no han encontrado que el proceso de extraditar a Assange sea opresivo, injusto o suponga un abuso de proceso".
"Tampoco han hallado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos vaya a ser tratado de manera apropiada, como en lo referido a su salud", puntualizó la fuente.
La Justicia estadounidense reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal que, según su equipo legal, pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país.
La decisión de Patel puede ser recurrida por las partes pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza. Además, la defensa tendría en última instancia la opción de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.