Fedesarrollo plantea ocho propuestas para luchar contra la corrupción

Para luchar contra uno de los principales flagelos que afecta a Colombia como es la corrupción se hace imperativo trabajar en ocho propuestas claves, aseguró el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Manifestó que la primera está orientada a modificar la nominación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y fortalecer su capacidad con presupuesto y planta autónomos y una mejora en sus capacidades de investigación.

También dijo que se hace necesario aumentar la financiación pública directa e indirecta a las campañas del 30 al 70 por ciento de los gastos de campaña y fortalecer el control a los reportes de ingresos y gastos de las campañas políticas.

Así mismo, adelantar una reforma integral a los organismos de control para mejorar su eficacia y garantizar la autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación, mediante un fortalecimiento de los mecanismos de elección, restricciones para ocupar cargos de elección popular, ajustes en los periodos institucionales para evitar coincidencia con periodo presidencial y de Congreso, y la declaración de conflictos de interés.

El director de Fedesarrollo señaló que es vital hacer seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y el lavado de dinero asociado a la corrupción y combatir el uso del efectivo en las campañas políticas y la falta de transparencia de estos recursos.

Agregó que la quinta propuesta es combatir la corrupción en la contratación estatal al restringir el uso del régimen de contratación por los esquemas especiales, limitar contrataciones no competitivas y las adiciones a los contratos, así como fortalecer el gobierno corporativo de las entidades del gobierno nacional.

En sexto lugar se plantea reformar el servicio civil y el empleo público y crear un régimen de vinculación en planta de los servidores en prestación de servicios sin un aumento del gasto público, combatir la transaccionalidad de la relación entre el ejecutivo y el Congreso y fortalecer la capacidad de la sociedad civil de hacer control a la corrupción con esquemas de protección al denunciante y mayor acceso a información.