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Los recursos judiciales de Daniel Quintero para regresar a la alcaldía de Medellín

Desde acciones de tutela hasta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán los caminos de sus abogados

Daniel Quintero, alcalde suspendido de Medellín / Colprensa

La Procuraduría se mantiene en su decisión de suspender al alcalde de Medellín Daniel Quintero, por su presunta participación en política. Dentro de las pruebas que reposan en el Ministerio Público están las quejas interpuestas por el concejal de Medellín Simón Molina y el diputado Luis Eduardo Peláez. Además, recopiló por lo menos ocho de los trinos de Daniel Quintero que desde febrero de 2022 evidenciarían su participación en política.

El suspendido alcalde Quintero llegó hasta la sede de la Procuraduría en el centro de Bogotá, y allí aseguró que no se dejará sacar de la Alcaldía y que la ciudadanía es más fuerte, pero insistió en sus frases como que el cambio ya viene.

“Nos unamos en alegría, ellos no van a lograr los objetivos que quieren, que sonriamos, el cambio ya viene. Que no importa si intentan poner alcaldes fantoches que tienen como propósito tratar de desestabilizar las elecciones, romper la democracia para poder influir en los resultados electorales. Hay una ciudadanía más fuerte”.

El abogado de Daniel Quintero, Hector Carvajal, aseguró que la violación al debido proceso en este caso está más que probada. Además de ya haber impugnada la suspensión interpondrá varias tutelas y pedirán a los procuradores del caso apartarse del proceso, también le piden al presidente Duque que saquen al alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, y acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La violación al debido proceso es evidente. Al alcalde lo han sacado a sombrerazos. El tema de la Corte Interamericana lo va a manejar el equipo internacional. Pero la petición es que se deje sin efecto la suspensión de la Procuraduría”.

Pero una medida de protección que pidieron ante el Consejo de Estado fue negada. Se precisó que el solicitante no allegó prueba alguna sobre la inminencia del perjuicio imposible de reparar que se generaría por la suspensión provisional del alcalde a instancias de la Procuraduría.

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