Un alcalde en líos penales por presunta minería ilegal
Junto a él, fueron capturados otras cinco personas más involucradas
Cortesía: Fiscalía General de la Nación.
José Oliver Moreno, alcalde de Medio San Juan, en Chocó, es señalado de hacer parte de la banda criminal ‘Los Zares ll’, en ella sería el responsable de financiar y articular minería ilegal en el departamento manejando complejos mineros en inmediaciones de los ríos Tamaná y San Juan, los cuales funcionaban de forma ilegal con el uso de dragas y excavadoras.
Según la investigación de la Fiscalía, la organización sería responsable de contaminación ambiental, y la destrucción de varias zonas de reserva forestal y territorios de comunidades afrocolombianas en Chocó, debido a que su principal actividad era la extracción ilícita de oro en fuentes hídricas.
Junto a Moreno, fueron capturados otras cinco personas, entre ellas, los denominados articuladores, el segundo al mando sería Jesús Vargas Urieta, quien era encargado de controlar los entables en Atrato, Río Quito y Paimado.
Otro de los detenidos fue José Darlinton Agualimpia, presunto hombre de confianza del procesado alcalde y el encargado de manejar los frentes de minería, los turnos de los operarios y de la maquinaria, así como reportar la producción de oro.
La investigación del ente acusador, asegura que el oro era amparado con títulos mineros y certificaciones de compañías y proveedores fachada, para darle una apariencia de legalidad al comercio del material.
Recordemos que en enero y septiembre de 2021, la Fiscalía había constatado que en el terreno había deforestación, pérdida de ecosistemas nativos, afectación al suelo y contaminación física y química del agua por el vertimiento de sustancias tóxicas.
Los procesados fueron imputados por los delitos de: concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero. Sin embargo, quedaron en libertad, pero vinculados al proceso penal. La Fiscalía apeló esta decisión del juez.
Por otra parte, el ente acusador decomisó con fines de extinción de dominio cuatro inmuebles rurales, ocho urbanos y dos establecimientos de comercio avaluados en $3.000 millones.
