Relatos de campesinos afectados por deudas y medidas de la ADR en la Copa en Toca

Desde hace más de 10 años, campesinos que debieron vender sus tierras para aumentar la inundación de la represa La Copa en Toca (Boyacá), están peleando por vía jurídica el pago de sus tierras y otros para que se las compren o les quiten las medidas cautelares con el fin de acceder a préstamos en el Banco Agrario y así sembrar o tener ganado. 

Cuenta Álvaro Neira que vive y trabaja en Tunja, pues debió salir de la vereda Cunucá, tras una temporada invernal que le inundó la mitad de su casa y le dañó los cultivos.

“La ADR en asoció con Usochicamocha decidió cerrar las compuertas de la represa se inundaron tierras que son de propiedad particular; se dañaron los cultivos e inundaron las viviendas, a la fecha de hoy nadie nos responde”, explica el señor Neira que ahora se dedica a la soldadura, sin dejar, de evocar los días en el campo.

Misael Coronado, va cumplir 77 años de edad, pensó que su vejez sería tranquila en la tierra que su abuelo y su padre trabajaron, recuerda que la finca llegaba hasta el río en donde había animales y cultivos.

El Incoder, actualmente ADR, narra don Misael, obligó a su padre a vender las tierras por precios impuestos por la misma entidad o de lo contrario se las iban a expropiar. “La verdad lo de mi padre en la parte de abajo no se si las pagaron”.   

En la parte alta de la finca que el padre le heredó a él y a sus hermanos, también se inundó al igual que le ocurrió al señor Neira, y fue ahí donde el Estado les prometió el pago de esas tierras porque también serían parte de las aguas de la Copa.

“Cogieron esta parte, para agrandar la represa, y pues les firmé las escrituras al Incoder y ahí me tienen hace siete años ni me pagan. Estamos hablando de una hectárea de tierra en ese momento me hicieron la oferta $41 millones”, cuenta.

Don Misael ha dedicado toda su vida al campo, nunca se imaginó el horror que está pasando por culpa del Estado, incluso sus hermanos le firmaron un poder para hacerles las escrituras y reconoce que se metió en un problema “el berraco”, asegurando que es el más perjudicado con el incumplimiento de la ADR.

El señor Coronado se mira las manos, tiene los ojos chiquitos, la piel de la cara tostada, se toma su camisa roída, su gorra y dice: “Me siento con salud y ganas de trabajar no como antes, pero puedo”.

Sin embargo, esas ganas a veces son desánimos porque se siente engañado, no tiene certeza si la ADR le va a pagar, piensa en sus hijos que en vez de heredar algo bueno, se van a quedar con un problema.  

“Lo que le pido a la ADR es que me digan la verdad sí me van a pagar o no. Este es un dolor de cabeza. Me siento engañado, me siento robado y no puedo disponer del terreno”.

José Epifanio Bautista, tiene 76 años de edad y su esposa 67: tiene cuatro fanegadas, a unos metros de las aguas de la represa La Copa, pero no puede disponer de ellas por las medidas cautelares que no permite ninguna actividad agropecuaria porque la zona hace parte de la cota de inundación.

“No he podido sacar crédito, me dicen no tengo derecho. (…) Yo tenía todo esto sembrado de agricultura ahora no, porque además la salud no me lo permite y tengo solo 4 o 5 vaquitas, es lo que me está sosteniendo”, dice.

Don Epifanio vive en una casa vieja, que tampoco puede restaurar y cuenta, hace dos meses, los visitaron unos funcionarios de la ADR y les dijeron que les iban a comprar y no volvieron más.

“Para la oferta que me hicieron la vez pasada fue de $81 millones, y yo creo que en este momento vale más, pero no se puede vender los precios han cambiado, todo ha subido”, narra.

El señor Epifanio dice que en vez de hacerles un bien les hicieron un mal porque ahorita dice que les compran, pero no sabe cuándo.

Por su parte, el alcalde de Toca, Crisanto Ochoa, dice que la ADR, el 23 de junio de 2021, expidió la resolución 173 en la cual hace una declaratoria de utilidad pública de toda la franja de tierra que está alrededor de la Copa hasta la cota 2.673 con un fin de comprar, pero bajo unas condiciones del Estado

"Es decir, pasan dos años y dicen les ofrecí y usted no me pagó y se expropia. No es justo que hayan pasado tantos años y no les hayan pagado la tierra nuestros campesinos muchos de ellos que ya murieron y se fueron con la ilusión de recibir el justo precio de sus tierras”

Sobre las siete familias campesinas que firmaron las escrituras al Incoder, el alcalde no entiende por qué no les han cancelado. “Eso es un atropello”.