Sergio Fajardo fue acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia
El exgobernador de Antioquia fue acusado por contratación ilegal y peculado por apropiación derivados de un préstamo en dólares en 2013.
Tras más de cinco años de investigación y tres meses después de que la Fiscalía radicara el escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia, Sergio Fajardo fue acusado formalmente por irregularidades en la celebración de contratos, cuando este fue Gobernador de Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación acusó a Fajardo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado, derivados de un contrato de sustitución de deuda que firmó en diciembre de 2013 con el Banco Corpbanca Colombia S.A. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), por un préstamo de 98 millones de dólares, el cual, con el aumento en el precio del dólar y la conversión, generó un detrimento patrimonial.
Le puede interesar:
- Contraloría y Gobernación de Antioquia, víctimas en el proceso contra Sergio Fajardo
- Juicio de Alex Saab fue aplazado en EE.UU. por una apelación
El ente investigador señaló que Fajardo vulneró los principios de la contratación pública al no adelantar una evaluación razonada ni técnica sobre los riesgos de dicho préstamo.
En la diligencia, la Corte reconoció como víctimas a la contraloría General de la República y a la Gobernación de Antioquia, lo cual les permitió a sus representantes intervenir en la audiencia.
Tras la decisión de la Corte y luego de hacer varias observaciones al escrito de acusación, la defensa, en cabeza del abogado Mauricio Pava, solicitó a la Fiscalía adicionar todos los elementos probatorios que hayan sido de su conocimiento, en lo que tiene relación con la denuncia que presentó su sucesor en la Gobernación de Antioquia, Luis Perez; así como el conocimiento del actual contralor, Carlos Felipe Córdoba; y las acciones que adelantó en 2016 entonces fiscal Luis Gustavo Moreno
La Corte aprobó dicha solicitud e instó a la Fiscalía en un plazo máximo de 3 días a presentar dichas pruebas, como parte indispensable en la siguiente fase del proceso, en este caso, en la audiencia preparatoria la cual no tiene fecha prevista todavía, pero se realizará el próximo año.