El viernes se define futuro del contrato a Unión Temporal Centros Poblados

El próximo viernes, se definirá el proceso de caducidad del contrato otorgado por el Ministerio de Tecnologías y las comunicaciones a la firma Unión Temporal Centros Poblados por un valor de $ 1.07 billones para garantizar la prestación de internet a escuelas públicas del país.

La controversia se generó porque la sociedad aportó una garantía falsa que supuestamente había otorgado el Banco Itaú y por la entrega a la firma de un anticipo de $ 70.000 millones.

Durante la audiencia celebrada hoy a cargo de Adriana Vivas, Asesora del Viceministerio de conectividad y por resolución encargada y apoderada del caso, el abogado de la empresa, Jorge Pino aseguró que a la sociedad se le vulneró el debido proceso al no controvertir las pruebas que fueron aportadas en lo relacionado a la garantía falsa.

Añadió que se debe aplicar el principio de la presunción de inocencia y pidió respetar los derechos que tiene la Unión Temporal Centros Poblados.

De acuerdo con el abogado de la firma, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen ya los notificó a través de los medios de comunicación de la caducidad del contrato.

Por ello, planteó la posibilidad de ceder el contrato que es el mejor escenario para el Ministerio, con el objetivo que el proyecto se pueda ejecutar y se cumplan las obligaciones para garantizar que se pueda llevar internet a las escuelas públicas del país.

Finalmente, el abogado afirmó que la investigación debe continuar adelanta para sancionar a quienes hayan cometido algún delito en el proceso de adjudicación del contrato.