MinDefensa pide a organizaciones de DD.HH. solidaridad con la Policía
Denunció ante la comunidad internacional ataques y agresiones contra la Fuerza Pública en medio del paro.
El ministro Diego Molano defendió el uso legítimo de la fuerza contra el vandalismo.
El jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, envió una carta a ocho organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, entre otras, para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de miembros de la Policía Nacional en el marco del paro, que inició desde el pasado 28 de abril.
“Hago un llamado a la valoración y a su expresa solidaridad por estos hechos lamentables, así como a la reivindicación de los derechos humanos que también tienen los miembros de nuestra fuerza pública”, aseguró Molano.
La carta fue enviada el pasado 23 de mayo, un día antes de que el funcionario enfrentara en el Senado un debate de moción de censura que pretendía sacarlo del cargo por abusos de autoridad, excesos de fuerza, desapariciones y lesiones en los ojos de los manifestantes, casos presuntamente cometidos por la policía. Hay más de 160 investigaciones disciplinarias a uniformados, de las cuales 11 son por homicidios.
El ministro Molano reiteró en el documento que detrás de la violencia que enfrenta el país en un mes de movilizaciones, estarían grupos al margen de la ley “con el propósito de alterar el orden público”.
Asimismo, defendió el uso legítimo de la fuerza contra el vandalismo, “amparado en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y por la normatividad interna de la Policía Nacional”.
En la misiva, Molano hace mención de 1.040 civiles y 1.055 uniformados heridos, principalmente en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira. Además, recopiló los casos más destacados de violencia contra la policía, como los asesinatos del capitán Jesús Alberto Solano, jefe de la Sijin en Soacha y el patrullero Juan Briñez, en Cali, además de ataques contra instalaciones educativas y operativas de la institución.
“Acciones que han estado caracterizadas por el desarrollo de una estrategia de desestabilización institucional y comportamientos colectivos que han superado los límites de la legalidad, el derecho a la manifestación pública y pacífica”, señala el funcionario.
La carta también fue enviada a las Misiones de Verificación de la ONU al acuerdo de paz y de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, a la Delegación del CICR en Colombia, a la Secretaria General de Amnistía Internacional, al Director para Latinoamérica de WOLA.