Fiscalía tendrá que reparar a exfiscal del asesinato de Jesús María Valle

Por orden del Consejo de Estado, Fiscalía General de la Nación tendrá que reparar al exfiscal Carlos Bonilla, quien tuvo que exiliarse del país, luego de recibir amenazas por las investigaciones que adelantaba por el homicidio del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle.

El 2 de agosto de 2001, Carlos Álvaro Bonilla Cifuentes y sus familiares demandaron a la Nación: Fiscalía General de la Nación. En la demanda se pidió que se declarara la responsabilidad de la demandada por todos los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes “con ocasión de la falta de protección a la vida e integridad de Carlos Bonilla”.

Por perjuicios morales, se pidió el equivalente en pesos a 2000 gramos oro puro, para cada demandante, por el dolor del exilio para quienes salieron del país y por el dolor de la separación para los familiares que se quedaron. Por perjuicios materiales, “en su modalidad de lucro cesante, el noventa (90%) del salario dejado de percibir mensualmente por Carlos Bonilla en su calidad de Fiscal Regional desde el 4 de agosto de 1999, fecha en la que se vio obligado a presentar renuncia irrevocable, hasta la fecha de su vida probable de conformidad con las leyes vigentes, más el noventa (90%) de las primas, vacaciones y bonificaciones dejadas de percibir por el mismo concepto.

Y por “daño emergente, debido a la dejación de sus bienes, enseres y efectos personales” se pidieron $40’000.000, y más el costo de este proceso. Pidieron, además, que, si no existieran bases para cuantificar los perjuicios materiales, se fijaran en equidad en un valor equivalente a 4000 gramos de oro.

Según la demanda, el 3 de noviembre de 1993, Carlos Álvaro Bonilla Cifuentes se incorporó a la Fiscalía General de la Nación como Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Itagüí. El 2 de marzo de 1998 asumió funciones como Fiscal Delegado ante los Jueces Penales de Circuito Especializado de Medellín, antes llamados Fiscales Regionales. A partir de esta fecha, asumió como “fiscal sin rostro” la investigación por el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, y empezó a recibir amenazas de paramilitares que operaban en la región.

Afirmó que en junio de 1999 un fiscal amigo le comunicó a su jefe inmediato, Jesús Guillermo Escobar, que había una lista de 17 fiscales que iban a matar, entre los que estaba él. En el mismo mes, Yirman Yali, un investigador del CTI, informó sobre el riesgo del señor Bonilla.

La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones y solicitó negarlas. “Opuso la excepción de inepta demanda, porque el demandante debió presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de aceptación de la renuncia, y que esa acción ya había caducado”.

La principal fuente de información de la Fiscalía para soportar su defensa fue la carta que el señor Escobar, su exjefe, dirigió al Vicefiscal. No negó su existencia ni que ella hubiese sido enviada, pero entendió que el remitente era Carlos Bonilla. La Fiscalía sostuvo que según el texto de esa carta, Bonilla, nunca pidió protección para sí o para su familia de manera concreta, sino que expuso una serie de circunstancias para poner a consideración del Vicefiscal.

Sin embargo, cuando el caso llegó al Consejo de Estado, el alto tribunal decidió declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños sufridos por Carlos Álvaro Bonilla, Sor Marley Posada Montoya, Eliana María Bonilla Posada, Pedro Bonilla, Martha Elena Cifuentes, Oscar de Jesús Posada y Ofelia Montoya por la omisión de esa entidad en la protección de Carlos Álvaro Bonilla que lo obligó a exiliarse con su núcleo familiar.

Condenar a la Fiscalía a pagar las siguientes sumas de dinero a los afectados:

*IMAGEN*

Ampliar