En manos de la Corte, medida cautelar por aspersiones aéreas con Glifosato

35 congresistas le solicitan a la Corte Constitucional que tome medida cautelar frente aspersiones aéreas con Glifosato, para garantizar la participación de las comunidades afectadas.

 A Sala Plena de la Corte Constitucional llegó esta solicitud en la que piden reconsiderar el Plan de Manejo Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

A través de dicha normativa, el Gobierno nacional pretende reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato, en la petición a la Corte señalan que se está desconociendo el derecho a la participación de las comunidades afectadas: “En franco desconocimiento de los derechos a la participación y la consulta previa de las comunidades afectadas, y sin cumplir los condicionamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019”.

Los congresistas piden al alto tribunal observar los perjuicios ciertos e inminentes a los que se expone el país por la insistencia del Gobierno en expedir cuerpos normativos para la reanudación del programa de aspersión aérea de glifosato: “En contra vía de la evidencia que exhibe la poca o nula eficacia de esta modalidad para la erradicación sustentable de los cultivos de uso ilícito, sus altos costos y sus efectos negativos a nivel ambiental, social, económico y de salud pública”.

Dentro de los argumentos los congresistas exponen:

1. Consideración preliminar: procedencia de las medidas provisionales en el trámite de tutela:

Desde sus primeros pronunciamientos al respecto, la Corte Constitucional ha subrayado la facultad de proferir medidas provisionales como una valiosa herramienta para garantizar el acceso efectivo a la justicia y dotar al juez de mecanismos urgentes de protección 1 . Este tipo de medida es especialmente útil y garantista en sede de revisión de tutela, toda vez que en ocasiones el tiempo que emplea la Corte para resolver un caso puede significar en un perjuicio irremediable que no puede ser corregido en el fallo.

2. De la vulneración al derecho a la participación en la expedición del Plan de Manejo Ambiental - Resolución 00694 del 14 de abril de 2021 de la ANLA.

Uno de los principales puntos discutidos cuando se habla del uso de glifosato a través de la aspersión aérea en grandes extensiones de tierra, tiene que ver con las afectaciones socioambientales que produce. Hablamos de impactos socioambientales porque refieren tanto a las afectaciones a los territorios, las fuentes de agua, los ecosistemas de fauna y flora, los cultivos alimentarios y de otra índole, así como a los efectos en la salud de las personas expuestas a la aspersión aérea de este herbicida y la consecuente alteración de sus modos de vida. Justamente, este fue uno de los temas principales expuestos en la Sentencia T – 236 de 2017, reconociendo la controversia que existe en la comunidad científica sobre los impactos del uso del químico a través de la aspersión aérea.

A lo que la Corte ya se había manifestado señalando que, una valoración adecuada de tales afectaciones sólo es posible si existen garantías plenas para la participación de las comunidades afectadas.

3. De la violación del Derecho a la Consulta y el consentimiento previos, libre e informado en la normatividad emitida en materia de aspersiones por el Gobierno Nacional

“Como lo argumentan las y los accionantes, la ANLA y el Ministerio del Interior, evadieron deliberadamente estas responsabilidades en la expedición de las resoluciones que se solicita suspender y, con ello, están vulnerando los derechos de las comunidades étnicas a la consulta previa y a una decisión autónoma sobre sus territorios y sus vidas que respete el consentimiento previo, libre e informado, más en un asunto tan delicado como es la exposición de los territorios a sustancias tóxicas que pueden causar graves enfermedades a la población”.

4. Consideraciones adicionales: perjuicios ciertos e inminentes al interés público ocasionados por la reanudación de las aspersiones con glifosato

5. Solicitud que respalda la presente coadyuvancia
La petición reposa en el despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado de la Corte Constitucional.