“Seguridad y sostenibilidad productiva: el talón de Aquiles de la paz"

Seguridad e inversión para sus proyectos productivos son las únicas dos cosas que pide Marinelly Hernández, una mujer de 43 años excombatiente de las FARC, para tener un resto de vida feliz y dichosa al lado de sus seres queridos.

Asegura que cuatro años de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, el sueño de paz, de tener una vida tranquila, no ha cambiado, pero la dinámica sí.

“Nos hemos encontrado con barreras muy grandes tanto de seguridad, económicas como de aceptación. No es lo que nosotros esperábamos. Tan solo con el hecho de que se les haya quitado la oportunidad y la vida a más de 240 excombatientes de paz, ese sueño cambia. Uno continúa trabajando porque eso fue lo que acordamos, esos son nuestros principios, pero ha estado muy frustrado para todos nosotros, para las familias y las comunidades que nos han recibido en el seno de sus regiones”, lamenta.

Relata que si bien en su nuevo hogar, en Pondores (La Guajira) sus compañeros no han sido amenazados ni víctimas de esta nueva guerra que se está desatando, la situación les afecta.

“Todos fuimos una sola familia, otra cosa es que estemos en distintos lugares. La seguridad no se ha cumplido ni de política, ni física, ni jurídicamente, tanto para los reincorporados como para los líderes que rodean este proceso porque también los están asesinando. A esta hora era para que nosotros tuviéramos así sea un pedacito de tierra para trabajar; nosotros tenemos vocación campesina no nos interesa estar metidos en cuatro paredes y yo pienso que para que un proceso de paz sea efectivo, lo primero que se garantiza es tierras, vivienda”, dice.

Por otro lado, advierte que los proyectos productivos son muy pequeños e insostenibles. “Cuando el Gobierno diga que no hay renta básica, que ya no nos puede suministrar alimentos, los proyectos se caen porque todos tienen que salir para mantener a sus familias”, por lo que pide que además de invertir, se cree voluntad política.

Las negociaciones entre el Gobierno y las FARC terminaron el 24 de agosto de 2016. El acuerdo fue celebrado en Cartagena el 26 de septiembre, pero tuvo que ser reformado tras el resultado del plebiscito, donde ganó el NO.

Las negociaciones abarcaron, entre muchos otros temas, una reforma rural, participación política, el cese del fuego, la solución al problema de las drogas ilícitas, compensación a las víctimas y los mecanismos de implementación y verificación.