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Investigarán a gobierno salvadoreño por negociar con grupos terroristas

El gobierno de Nayib Bukele habría sellado acuerdos con la Mara Salvatrucha 13 para reducir los homicidios y recibir apoyo electoral.

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, anunció este viernes que investigará las supuestas negociaciones sostenidas entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Mara Salvatrucha (MS13) para la reducción de los homicidios y favores electorales, reveladas por una investigación del medio local El Faro.

En una breve intervención en un canal local, Melara señaló que la noche del jueves vio "una investigación periodística en la cual se habla de una posible negociación también con pandilleros" y señaló que "vamos a abrir la investigación correspondiente".

"Si nosotros descubrimos legalmente y tras las investigaciones que haga la Fiscalía que hay personas que están aprovechando para negociar con pandilleros, los vamos a procesar, no importa quién sea", dijo Melara.

Una portavoz de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a Efe que las declaraciones de Melara "sí" están relacionadas con la investigación del referido medio salvadoreño.

Según el Faro, el Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene negociaciones con la pandilla MS13 desde que llegó al poder en junio de 2019 y ha dado marcha atrás a medidas carcelarias, como parte del pacto.

Melara subrayó que "a lo largo de los años hemos venido viendo el uso del Estado como arma o instrumento de negociación con grupos de pandilleros. No es un mito, lo hemos comprobado".

Esto en referencia a los procesos abiertos contra exfuncionarios del Gobierno, diputados y alcaldes por supuestamente negociar favores electorales y la reducción de la violencia por dinero o prebendas carcelarias.

Estos mismos procesos son citados constantemente por el presidente Bukele para criticar a sus adversarios políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

La extensa publicación de El Faro reseña que "documentos oficiales del Ejecutivo registran desde junio de 2019 negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13".

Estos documentos señalan supuestos ingresos irregulares a dos prisiones de máxima seguridad del director de Centro Penales, Osiris Luna, acompañado de sujetos encapuchados y que no fueron identificados para supuestamente reunirse con líderes de la pandilla.

Las reuniones documentadas fueron al menos 14 y en varias de estas también habría participado el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.

Este funcionario, junto al actual ministro de Gobernación y candidato a la Alcaldía de la capital por el oficialismo, Mario Durán, son señalados en un requerimiento de la Fiscalía de haber sostenido una reunión con miembros de la MS13 en 2015, cuando Bukele era alcalde de San Salvador y ambos eran miembros de su equipo de trabajo.

Una de las primeras medidas revertidas en las prisiones a raíz de estas supuestas negociaciones sería la de mezclar pandilleros rivales en las mismas celdas, misma que fue catalogada como histórica y ampliamente publicitada por el aparato de comunicaciones del Gobierno.

El mandatario reacción pronto a la publicación mediante su cuenta de Twitter y en tono sarcástico señaló que posiblemente "alguien" les pasó "información falsa" a los cuatro periodistas que firman la publicación.

"Jajaja de verdad pensé que saldrían con algo por lo menos lógico", publicó Bukele y añadió que es una de las notas "más ridículas" que ha visto.

Sostuvo que "nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas" y "¿ahora dicen que les damos privilegios?", por lo que pidió pruebas de los supuestos privilegios, de "uno solo".

Antes de esta publicación de El Faro, algunos analistas señalaban que tras la drástica reducción de los homicidios registrada con la llegada de Bukele al Ejecutivo podría estar un acuerdo con las pandillas.

A inicios de mayo pasado, la experta en temas de seguridad Jeannette Aguilar dijo a Efe que la fractura de un pacto entre la MS13 y el Gobierno por la repartición de un bono estatal por la pandemia de la COVID-19 podía estar detrás de la escalada de asesinatos que el país registró a finales de abril.

Recalcó que "hay un mensaje claro que está enviando la pandilla al Gobierno de que siguen teniendo el control".

De acuerdo con un documento de auditoría de la Corte de Cuentas entregado a la Asamblea Legislativa en mayo y al que Efe tuvo acceso, en la entrega de dicho bono por 300 dólares "se desconoce" la forma en que el Gobierno seleccionó a 100.000 personas los 1,2 millones de beneficiarios.

En una entrevista con Efe el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que la reducción de los homicidios y las muertes de pandilleros en tiroteos con los cuerpos de seguridad son prueba de que el Gobierno no mantiene una tregua con las "maras".

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