Ningún candidato a Defensoría tiene experiencia para ese cargo: analistas
Esta entidad necesita una persona que conozca el territorio y tenga interlocución con los sectores vulnerables
El primer ternado es Carlos Ernesto Camargo, quien es abogado y cuenta con estudios en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. En la actualidad se desempeña como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Además, fue magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral.
La segunda candidata es Elizabeth Martínez, es abogada y desde hace más de 20 años trabaja en la Cámara de Representantes, y actualmente se desempeña como secretaria general de la Comisión Tercera de esta corporación. También ejerció el cargo de asesora de la Secretaría General del Fondo Nacional del Ahorro.
La tercera ternada es Myriam Carolina Martínez, también abogada y actualmente es la directora de la Agencia Nacional de Tierras, cargo que ocupa desde octubre del 2018. Ha trabajado en la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y en el sector de las telecomunicaciones.
Con estos tres nombres, Caracol Radio, consultó a algunos analistas y ellos coincidieron en que ninguno tiene el perfil y la experiencia que necesita para estar en la Defensoría del Pueblo, quien es la que toma la vocería de los sectores más vulnerables del país.
Catalina Botero, especialista en derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y justicia transicional:
Catalina Botero sobre Defensor del Pueblo
También analizó esta terna el abogado especialista en derecho penal, Francisco Bernate.
Francisco Bernate sobre Defensor del Pueblo
Estos tres nombres también los estudio Jorge Iván Cuervo, analista y experto en derechos humanos.
Jorge Iván Cuervo sobre Defensor del Pueblo
Para los analistas consultados, con estos tres nombres el presidente Iván Duque prefirió tener una persona cercana a su Gobierno y no darle continuidad a una Defensoría que evidenció la realidad del país.
La Cámara de Representantes será la encargada de elegir al nuevo defensor o defensora del Pueblo por un periodo de cuatro años contados a partir del próximo 1 de septiembre.