Con las cortes: una relación de altibajos

La relación del presidente Iván Duque y las altas cortes empezó con el pie izquierdo. Siendo candidato, habló de la posibilidad de crear una super corte que unificara a las que hoy rigen en el país.

Sin embargo, descartada la posibilidad, el mandatario ha tenido un trato cordial, con altibajos, con las cortes Suprema y Constitucional; el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.

La reunión más reciente con sus presidentes se dio el 21 de julio, cuando el procurador Fernando Carrillo presentó las propuestas que se recolectaron de la ciudadanía, para una eventual reforma a la Justicia.

Con miras a ese posible cambio, ya hay un proyecto de reforma del Ministerio de Justicia, que modificaría algunas facultades de las altas cortes, como que no elijan al auditor o que los periodos de sus magistrados no sean de 8 sino de 12 años. Además, plantea un plan de descongestión, pero la base sigue siendo mantener las altas cortes.

Y en la reforma paralela que presentarían la Procuraduría y la Corporación Excelencia en la Justicia, y que fue avalada por el presidente Duque, lo esencial será modificar la justicia para los ciudadanos de a pie e intentar “recuperar la confianza” en las instituciones.

En sus dos años de gobierno, Duque también ha hecho varias movidas importantes en las cortes: nombró a la entonces magistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello como Ministra de Justicia, en reemplazo de Gloria María Botero, quien presentó su renuncia el 16 de mayo del año pasado. Cabello ya había sido ternada por el uribismo para ser postulada en varios cargos e incluso Duque promovió que fuera fiscal ad hoc en el caso Odebrecht.

El recién posesionado y polémico fiscal general, Francisco Barbosa, también llegó como ternado del presidente Iván Duque. Fue elegido por la Corte Suprema en medio de la crisis del alto tribunal, que se iba quedando prácticamente sin quorum decisorio.

La llegada de Barbosa a la Fiscalía se dio porque Néstor Humberto Martínez renunció al cargo, tras ser avalada la garantía de no extradición del exguerrillero y ahora disidente de las Farc, Jesús Santrich.

Tras la elección de fiscal y luego de que la Corte Suprema adelantara la tarea de elegir a sus magistrados faltantes en marzo de este año, el presidente posesionó a Fabio Ospitia Garzón, Hugo Quintero Bernate, Gerson Chaverra Castro, Omar Ángel Mejía, Luis Benedicto Herrera e Iván Mauricio Lenis. Quedó completa la Corte Suprema; les dijo a los nuevos magistrados que el reto era fortalecer la segunda instancia, luchar contra la corrupción y modernizar la justicia.

En materia de nombramientos a Duque todavía le queda otro cupo, está vez en la Corte Constitucional, con la salida del magistrado Carlos Bernal. El presidente será el encargado de consolidar la terna que determine su reemplazo.

Las decisiones de la Corte y Duque

Recientemente los altos tribunales han iniciado procesos hacia decisiones que pueden afectar al Ejecutivo. El Consejo de Estado, por ejemplo, le pidió explicaciones sobre el ingreso de tropas de Estados Unidos, sin su consentimiento, ante lo que el Gobierno señaló que su llegada no tenía relación con operaciones militares, sino con capacitaciones en temas de narcotráfico.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió frenar cualquier actividad de la brigada militar y el Consejo de Estado dijo, en su momento, que “el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional demanda la intervención de distintas autoridades del poder público”, entre estas ese propio tribunal. Por eso debe determinar si se violó la Constitución.

En la Corte Suprema se requirió el testimonio escrito del Jefe de Estado, en medio de la indagación preliminar que se sigue contra el presidente del Senado, Artur Char, por la fuga de la excongresista Aida Merlano.

Por su parte la Corte Constitucional ha tumbado varios decretos expedidos por el Gobierno en medio de la emergencia por el coronavirus, entre ellos el que determinó subsidios en los recibos de agua y alcantarillado hasta en un 80 por ciento. El decreto 580 del 15 de abril de 2020 se cayó porque no tenía las firmas del ministro de Salud, Fernando Ruiz, y de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres.

La Corte fijo efectos retroactivos, es decir que el Ejecutivo tiene que arreglárselas para determinar cómo devolver ese dinero. Misma suerte que corrió el decreto que estableció que en medio de la emergencia afiliados de fondos privados podían hacer su tránsito a Colpensiones y que por un par de meses la cotización a pensiones no sería de 16%, sino de 3%.