El procurador, <strong>Fernando Carrillo,</strong> señaló que hay una clara relación entre contratos por el <a title="Coronavirus Covid-19" href="https://caracol.com.co/tag/covid_19/a/" target="_blank">COVID-19</a> y el pago de favores por el <strong>financiamiento de campañas</strong>.De acuerdo con el jefe del <strong>Ministerio Público</strong> se han evidenciado más de 117 contratos entregados entre el 16 de marzo y el 25 de mato a <strong>financiadores</strong> de campañas. Esos contratos superan los $<strong>12.500 millones de pesos</strong> y tienen relación con las gobernaciones de <strong>Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca</strong> y <strong>Bogotá</strong>.Según el <strong>Procurador</strong> en la mayoría de los casos reciben <strong>10 veces</strong> más de lo que aportaron.La entidad también vigila otros 147 contratos por <strong>$47.000 millones de pesos</strong> que fueron adjudicados a <strong>77 aportantes</strong> de campañas elegidos entre <strong>2018 y 2019</strong>."El <strong>Ministerio Público</strong> verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual <strong>acaparamiento, concentración o cartelización</strong> de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la <strong>población beneficiaria</strong> y adición de <strong>contratos injustificada</strong>, entre otras conductas", señaló la entidad.La <a title="Procuraduria General de la Nacion" href="https://caracol.com.co/tag/procuraduria_general_nacion_colombia/a/" target="_blank">Procuraduría</a> anunció la apertura y suspensión provisional del alcalde de Copacabana, Antioquia, <strong>Héctor Augusto Monsalve</strong> y el personero <strong>Mefi Boset Gómez</strong> por presuntas irregularidades en el traslado de más de <strong>300 migrantes</strong> a la frontera con <a title="Venezuela" href="https://caracol.com.co/tag/venezuela/a/" target="_blank">Venezuela</a>.Y la investigación contra el <strong>alcalde de Acacías</strong>, Meta, <strong>Eduardo Cortés</strong>, la secretaria de <strong>Gobierno Bertha Amanda</strong> Perilla y el jefe de la Oficina de Contratación Óscar Javier Ortiz "por los presuntos <strong>sobrecostos</strong> en la adquisición de 5.000 mercados por un valor unitario de $<strong>225.000</strong> para los damnificados por la <strong>COVID-19</strong>, en un contrato suscrito con Alonso Ladino Daza, por <strong>$1.125´000.000</strong>".Y anunció varias <strong>investigaciones</strong> contra funcionarios por violar las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Entre ellos la <strong>alcaldesa de Luruaco</strong>, Atlántico, <strong>Marly Gutiérrez</strong>, el secretario de Gobierno de Galapa, Atlántico, Mauricio Tulio Rojas; el concejal de <strong>Sabanalarga</strong>, Atlántico, <strong>Alexi Rafael Díaz</strong>, quien habría participado en una <strong>fiesta</strong>.Además, abrió investigación contra el alcalde de Lérida, Tolima, <strong>Marco Antonio Ospina Velandia</strong> porque al parecer habría desatendido una solicitud para evitar aglomeraciones dentro y fuera del supermercado que sería <strong>propiedad de su familia.</strong>Según el reporte de la <strong>Procuraduría</strong> la entidad tiene <strong>813 procesos disciplinarios</strong>, 82 corresponden a <strong>27 gobernaciones</strong>. De este grupo 66 se encuentran en indagación, <strong>12 en investigación</strong> y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el <strong>gobernador de Vichada</strong>, y 3 funcionarios de la <strong>gobernación</strong> de <strong>Quindío</strong>