Johnson se apunta una victoria judicial

El primer ministro Boris Johnson se apuntó el viernes una primera victoria en la batalla legal lanzada por los opositores a un Brexit duro, a quienes advirtió que impedir la salida de la UE en octubre dañaría la confianza en la política británica.

A la espera de una audiencia completa la próxima semana, un grupo de unos 75 diputados proeuropeos pidió a la más alta instancia civil de Edimburgo una decisión provisional urgente contra la suspensión del parlamento antes del Brexit decidida por Johnson.

Sin embargo, el juez desestimó dicha orden provisional y en su lugar adelantó al martes la vista de fondo inicialmente prevista para el viernes 6 de septiembre.

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Johnson había anunciado el miércoles la suspensión de la sesión parlamentaria entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre afirmando querer presentar su nuevo programa legislativo. Pero sus detractores lo acusaron de hacerlo para impedirles bloquear la posibilidad de un Brexit brutal.

Denunciando un "golpe de Estado" y un "ultraje constitucional", se convocaron protestas para el sábado en una decena de ciudades y una gran concentración el martes en Londres.

Y se lanzaron tres acciones judiciales. La segunda de ellas será analizada el martes en Belfast y la tercera el jueves en Londres.

Esta última, iniciada por la empresaria y activista antibrexit Gina Miller -que ya ganó en 2017 una importante batalla legal contra el gobierno- sumó el viernes el apoyo de un ex primer ministro: el conservador John Major, que gobernó de 1990 a 1997.

Johnson llegó al poder el 24 de julio en remplazo de Theresa May -obligada a dimitir por su incapacidad para cumplir con el Brexit-, asegurando que sacaría al país de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo.

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Hace más de tres años que los británicos decidieron en referéndum abandonar el bloque europeo. Sin embargo, su salida, prevista para marzo de 2019, fue aplazada dos veces por el tozudo rechazo del Parlamento al Tratado de Retirada firmado por May con Bruselas.

Johnson quiere suprimir del Tratado la "salvaguarda irlandesa", un controvertido mecanismo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. Los euroescépticos sostienen que esa claúsula mantendría a Reino Unido en las redes de la UE.