Con <strong>cerca de $3.000 millones sancionó la Superintendencia de Salud a Medimás EPS, el Hospital</strong> <strong>de Engativá y la Clínica de la 100</strong>; por las irregularidades administrativas y fallas asistenciales en la atención en salud del periodista Mauricio Orjuela Bernal, quien falleció́ el pasado 18 de agosto de 2018 a causa de un peritonitis.De acuerdo con la entidad se evidenciaron irregularidades en los protocolos de atención, hubo barreras de acceso a la atención en el servicio de gastroenterología pese a la prioridad que le había dado el médico tratante, además que <strong>Medimás incumplió con las obligaciones del contrato de salud.</strong><em><strong>Medimás</strong></em>La EPS Medimás fue multada con 1.200 salarios mínimos legales vigentes, el equivalente a $993 millones, por la presunta omisión que habría tenido la entidad de salud en las tareas que le corresponden con sus usuarios, tales como: <strong>evaluación, seguimiento, mejoramiento y vigilancia a la red contratada.</strong>“Para la Supersalud resulta incomprensible que durante dos días se haya intentado realizar con el pleno conocimiento de Ia EPS Ia remisión del paciente, sin lograr su ubicación, a pesar de que la Clínica de la 100, <strong>IPS donde era atendido el periodista, tenía habilitada esta especialidad</strong>”.<em><strong>Hospital Engativá calle 80</strong></em>La <strong>Superintendencia delegada sancionó a esta entidad con más de $330 millones, es decir 400 salarios mínimos legales vigentes</strong>. Aquí se logró demostrar que en esta IPS, donde inicialmente llegó el paciente “fue negligente al presentar demoras en el diagnóstico del paciente, que impidieron Ia toma de decisiones médicas oportunas y seguras”.Según el acto administrativo, el pasado 11 de julio el médico tratante ordenó Ia realización de un TAC abdominal y/o tomografía abdominal contrastada para descartar una apendicitis aguda, exámenes que no fueron realizados.<em><strong>Clínica de la 100</strong></em><strong>Esta IPS fue sancionada con $2.000 salarios mínimos legales vigentes, el equivalente a $1.656 millones,</strong> por las demoras que se habrían registrado en la prestación del servicio de gastroenterología.“La Superintendencia comprobó que el servicio de gastroenterología está habilitado para la Clínica, pero según uno de sus descargos, el profesional que debía atenderlo se encontraba fuera del país y el <strong>director médico no había podido conseguir un reemplazo</strong>, <strong>razón por la que debieron buscar sin éxito otra institución que les prestara el servicio</strong>”.En el oficio se aduce que resulta inadmisible que la clínica sustente esta falla en una situación administrativa, cuando lo correcto debió tener la infraestructura y personal.Importante a notar que el hecho de que la decisión se haya emitido en primera instancia, permite a las <strong>tres entidades presentar recurso de apelación o reposición dentro de los siguientes 10 días de la notificación, del presente acto administrativo</strong>.