La estrategia de la Fiscalía contra la minería ilegal
A propósito de la carta de la multinacional Grand Colombia Gold, el ente acusador presentó un informe con los resultados y objetivos de 2019.
Imagen de archivo de la práctica de minería ilegal en Chocó. / Colprensa
El año pasado, durante la exposición ‘La miseria del oro. Minería ilegal’, en el museo de la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez aseguró que esta práctica es un "crimen atroz".
Video: Conozca el Museo de la Fiscalía
Una semana después, el ente investigador dio un contundente golpe a las organizaciones criminales dedicadas a destruir los recursos naturales para extraer oro de zonas protegidas y que terminaba nen joyerías de Estados Unidos, India y Emiratos Árabes.
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No son gratis más de 800 operativos contra 2.700 minas ilegales y con más 7.000 capturados en los últimos cinco años. La Fiscalía, la Policía y el Ejército desde hace años combaten este flagelo que deja más ganancias que el narcotráfico, según las mismas autoridades.
En la carta dirigida al presidente Iván Duque, a una lista ministros y funcionarios de los entes de control, la multinacional pide una intervención militar, pero lo cierto es que los resultados de los operativos conjuntos demuestran que hace mucho rato se adelantan esas intervenciones.
Para 2019
Desde la Fiscalía, se diseñó una estrategia contra la minería ilegal que se concentra en dos escenarios: comercialización interna del oro ilegal y el comercio internacional. En los dos será la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras la encargada de identificar ese mercado ilegal, establecer objetivos y liderar los operativos para atacar la cadena del comercio. Harán un análisis de flujos ilegales de dinero, determinarán la legalidad de las exportaciones, priorizarán algunas zonas del país y judicializarán a los responsables.
Convenio con EE.UU
En una cumbre con autoridades de los Estados Unidos, se definieron algunos compromisos en materia de cooperación judicial y allí se dibujó la estrategia contra la minería ilegal. Se habló de la lucha contra el crimen organizado y de cómo las ganancias que dejan actividades como el contrabando, la corrupción y la minería ilegal serán perseguidas por los dos países.
“Los dos países compartirán activos en forma potestativa y el producto de esta compartición de bienes habrá de traducirse en una mayor capacidad institucional para seguir persiguiendo a los criminales y luchando contra el delito en beneficio de nuestro pueblo”, explicó el fiscal.
