Ampliar el decreto es ponernos en riesgo

Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, una de las estrategias más exitosas para bajar el índice de homicidios fue el decreto que limitó, restringió y prohibió el porte de armas en el espacio público.

Eso se ha podido demostrar en diferentes contextos, como riñas, problemas de intolerancia o asuntos relacionados con el consumo de licor. Las tasas caen porque ante el impedimento del porte de armas, las personas no buscan una solución violenta.

Pensar que al modificarse el decreto va a mejorar la situación, es pensar con el deseo, más que con una situación demostrable. Cualquier ampliación de las excepciones nos pondría en una situación de mayor riesgo, así lo atestiguan diferentes estudios.

Si las personas están armadas en el espacio público podrían darse situaciones de crisis en la que se pone en riesgo la vida y la integridad personal de muchos ciudadanos.