El <a title="Procuraduria General de la Nacion" href="https://caracol.com.co/tag/procuraduria_general_nacion_colombia/a/" target="_blank">procurador</a> Fernando Carrillo le pidió al <a title="Supersalud" href="https://caracol.com.co/tag/superintendencia_nacional_salud_colombia/a/" target="_blank">superintendente de Salud</a>, Fabio Aristizábal, que se adelanten acciones que <strong>garanticen la prestación del servicio a 3.513.551 usuarios de las EPS Coomeva, Emdisalud, Convida, Comfacundi y Dusakawi.</strong>A través de la comunicación, Carrillo considera indispensable que “se adopten medidas cautelares de vigilancia especial, que exijan el cumplimiento de los compromisos adquiridos para proteger la salud y la vida de los afiliados, y preservar los recursos públicos administrados”.<em><strong>Vea también: <a href="https://caracol.com.co/radio/2018/11/19/salud/1542658670_983634.html" target="_blank">ACEMI propone eliminar los servicios no incluidos en el plan de beneficios</a></strong></em>Adicionalmente, el jefe de la <strong>Procuraduría argumentó en la misiva el panorama de las entidades prestadoras de salud, para las que se piden las medidas</strong>.Para evitar que 2.217.567 usuarios, de 217 municipios del país, puedan verse afectados, el Ministerio Público solicitó que se adelanten 6 acciones perentorias en la EPS.<strong><em>Vea también: <a href="https://caracol.com.co/radio/2018/11/17/salud/1542490445_683239.html" target="_blank">Lo que debe saber para prevenir la obesidad infantil</a></em></strong><a href="https://caracol.com.co/radio/2018/11/17/salud/1542490445_683239.html" target="_blank"> </a>1. Se remueva el revisor fiscal y se nombre un contralor que adelante las acciones y estrategias necesarias para superar la crisis.2. Presente informes periódicos a la Procuraduría y la Contraloría.3. Se adelante un plan de seguimiento que permita hacer control sobre la integración vertical.4. Se supervisen los giros directos que se adelantan al régimen subsidiado y contributivo.5. Se revisen los gastos administrativos.6. Se inspeccione la red contratada para verificar la prestación de servicios de salud y garantizar su calidad y oportunidad.El ente de control estableció que la EPS tiene una deuda superior a los $153.000 millones, que lleva 8 años en un proceso de intervención que a la fecha no ha mostrado resultados de mejora, y no cuenta con la red necesaria para garantizar la prestación de servicios en los 12 departamentos donde hace presencia.La <strong>Procuraduría señaló que 453.524 usuarios de la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud – Emdisalud</strong>-, se encuentran en riesgo ya que la entidad tiene graves deficiencias en la función de aseguramiento y garantía de la prestación de los servicios de salud, por no contar con los escenarios e instalaciones adecuadas para brindar la debida atención.Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad advirtió la imposibilidad jurídica y la inconveniencia de seguir prorrogando, por años, las medidas de vigilancia especial, por lo que pidió a la Supersalud adoptar medidas definitivas de revocatoria de la habilitación y la intervención forzosa administrativa, para administrar, o para liquidar la EPS.La Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud medidas cautelares de vigilancia especial para proteger los derechos de 842.460 usuarios del sistema de salud, pertenecientes a las EPS Dusakawi (211.319), Comfacundi (111.466) y Convida (519.675), que podrían estar en riesgo.Dentro de las acciones adelantadas por el <strong>Ministerio Público se habrían encontrado evidencias que permitirían establecer que habría incumplimiento de las condiciones financieras establecidas</strong>, límite de gastos, falta red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, alto número de tutelas y embargos y fallas en los programas preventivos.El Ministerio Público solicitó que la remoción de los revisores fiscales de cada EPS y el nombramiento de contralores que vigilen directa y permanentemente la atención a los usuarios, la administración de recursos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como entidades prestadoras de salud, de acuerdo a la normatividad vigente.