Jueces sí pueden revocar penas alternativas de Justicia y Paz

Consejo de Estado dice que es válido que los Jueces de Supervisión de Ejecución de Sentencias hagan revisión del cumplimiento de exparamilitares.

La Sección Primera del Consejo de Estado negó una demanda de nulidad contra una parte del Decreto 3011 de 2013, con el cual se establecen los métodos de investigación, los procedimientos, las sanciones y los beneficios judiciales para los exparamilitares que se sometieron a Justicia y Paz.

La parte es el inciso primero del artículo 34, en el que se señala lo siguiente: "Revocatoria del beneficio de la pena alternativa. El juez de supervisión de ejecución de sentencia competente revocará el beneficio de la pena alternativa".

Para el demandante, que un juez de supervisión de ejecución de sentencia tenga la facultad de revocar las penas alternativas constituye una violación a los derechos a la igualdad, el debido proceso, a la garantía de no agravación de la pena y el principio de legalidad de competencia, especialmente porque sería un juez de menor rango el que elimine el beneficio.

El Consejo no le da la razón y negó la nulidad, pues dice que es necesario tener la certeza de que los reinsertados no sigan cometiendo actos contra la ley, y no habría falta de competencia en especial, porque se dejó claro desde que se expidió el decreto, que las funciones que tenían los jueces de ejecución de sentencias de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, la asumían en la estructura orgánica de la Rama Judicial , los jueces de supervisión ejecución de sentencias.

Además, señala que está estipulado que debe haber, "un debido proceso que permita la defensa del condenado cuando se trate de revocar la pena alternativa que le ha sido impuesta", y el decreto no incurriría en ninguna falta, pues si se trata de garantizarlo mediante normas sería el Congreso quien debería pronunciarse.

El derecho a la igualdad tampoco se afectaría, señala, pues se adelanta la revocatoria si se dan las condiciones ya previstas en la norma, que son conocidas por el beneficiario.

Y agrega: "No es cierto que el juez que supervisa la ejecución de sentencias en Justicia y Paz revoca penas impuestas por instancias superiores y agrava la situación del sentenciado; con lo cual se concluye que la norma acusada no desconoce el artículo 31 de la Constitución Política, dado que el juez revoca el beneficio de la pena alternativa solo dando aplicación al mandato legal que le impone adoptar tal decisión cuando se verifique previamente que el condenado incumplió condiciones exigidas en la ley y en la sentencia para gozar del beneficio judicial".

En consecuencia, se dejó en firme el decreto tal y como fue expedido por el Gobierno Nacional.

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