La<a title="Contraloría General" href="https://caracol.com.co/tag/contraloria_general_republica_colombia/a/" target="_blank"> Contraloría</a> reportó que en el primer semestre del presente año se auditaron las <a href="https://caracol.com.co/tag/car_corporaciones_autonomas_regionales_colombia/a/">CAR</a> que manejaron recursos cercanos a los <strong>$4 billones en 2017</strong>, donde se detectaron presuntas irregularidades, una gestión deficiente y bajos resultados en materia de protección ambiental.Para el ente de control, llama la atención las problemáticas detectadas en la <strong>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca</strong>, “un solo contratista llega a tener <strong>24 por casi $8.000 millones</strong>, constantes adiciones y prórrogas de los contratos, prevalencia de la contratación directa, bajísima ejecución presupuestal y obras con problemas en sus estudios y diseños”.Y agrega el informe que: “a esto se suma que algunas de las obras que desarrolla como parte del Megaproyecto Río Bogotá (la PTAR Salitre Fase I y la PTAR Canoas), <strong>no cumplen con los requerimientos técnicos y contractuales</strong>”. <a href="https://caracol.com.co/radio/2018/04/09/judicial/1523291432_263787.html"><em><strong>Lea también: Los hallazgos de la Contraloría en la Corporación Autónoma de Santander </strong></em></a>El ente de control indicó que si bien le preocupa el cúmulo de <strong>problemas encontrados en la CAR Cundinamarca</strong>, es aún más grave y <strong>no tiene sustento claro y justificado, el manejo que ha venido</strong> dando la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a unos <strong>$1,2 billones.</strong>La entidad que dirige Edgardo Maya enfatizó que hace más de dos décadas el Gobierno nacional entregó estos recursos para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca y que en forma permanente se encuentran invertidos en el sistema financiero nacional e internacional.“Considera la Contraloría que, de esta manera, se pierde la posibilidad de hacer las inversiones en los temas ambientales para los cuales deberían ser destinados y <strong>así evitar los efectos nocivos hacia las poblaciones humanas, de animales y de plantas, así como la degradación del ambiente”, </strong>señala el documento.En la Auditoría adelantada a Cortolima, la CGR encontró que esta Corporación permitió, por su deficiente gestión, la prescripción de cobros coactivos por sanciones impuestas por valor cercano a $1.100 millones y el no cobro de más de $1.300 millones de tasa por uso de agua.Con respecto a Corpocesar, se encontró que no se adelantó el cobro de la tasa por uso de agua por valor que ascendió a $3.000 millones, por <strong>la no expedición de las facturas ni la notificación a los usuarios.</strong>“En cuanto al cobro de la tasa retributiva se presentaron inconsistencias, que en la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) ascendieron a $2.566 millones y en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) suman aproximadamente $520 millones”, agrega el ente de control.Finalmente, la <strong>Contraloría manifestó que las situaciones descritas se dan tras el escándalo desatado recientemente por las graves irregularidades detectadas por la CGR en la Corporación</strong> para el Canal del Dique – Cardique, donde además de los cuantiosos hallazgos fiscales formulados por más de $23.000 millones, la <a title="Fiscalia General de la Nacion" href="https://caracol.com.co/tag/fiscalia_general_nacion_colombia/a/" target="_blank">Fiscalía General de la Nación</a> capturó a varios altos funcionarios de esa Corporación.“Ahora le correspondió a las grandes Corporaciones Autónomas Regionales del país, como son CAR Cundinamarca, CAR Valle del Cauca – CVC, Corpocesar y Cortolima, entre otras (en total 10 corporaciones auditadas), las cuales manejan cerca del 70% del presupuesto total que tienen en conjunto las 33 CAR (cerca de $4 billones en el 2017)”, concluyó el organismo.