Las Farc siguen en deuda con la entrega de menores de edad
Según un reporte de la ONU, hasta diciembre del 2017 sólo se han desvinculado 135 niños y niñas.

(Colprensa / Archivo)

En un reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se evidencia que durante el año 2017, las Farc sólo han entregado a 135 menores de edad (75 niñas y 60 niños).
De acuerdo con la ONU recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caqueta y Meta.
De igual manera, en la recopilación de información de ese organismo internacional se comprobó que la mayoría de esos menores que han dejado las filas “se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia”.
Por lo que la ONU pidió garantías en la plena implementación del Acuerdo para respetar los derechos y mejorar la situación de estos menores y las de sus familias.
Si bien la ONU destaca que algunos menores permanecieron en los centros de separación-desvinculación y tienen mejor acceso a la salud y la educación, “a menudo se encuentran lejos de sus familias y comunidades”.
Por otro lado, la ONU advierte “la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños en áreas donde operan exmiembros de las FARC-EP. Adicionalmente, el ELN y los grupos criminales siguen reclutando y utilizando a los niños”.
El informe, además, presenta el balance del primer año de implementación de los aspectos de derechos humanos del acuerdo de paz firmados con las Farc.
Para las zonas rurales, el informe señala que aún persisten factores de inseguridad y “la violencia vinculada a actividades económicas ilegales en contextos de disputas entre grupos armados ilegales” en particular en las antiguas áreas de influencia de las Farc.
Además insiste en garantizar mayor seguridad a los líderes sociales del país, que han sido víctimas de ataques.
“La corrupción y su impacto en las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, así como las dificultades para abordar los problemas multidimensionales que desde hace décadas padecen las comunidades rurales”, son otros de los factores críticos que advierte el informe en el primer año de implementación de los acuerdos.




